Alcalde de Medellin le pidió a la Fiscalía analizar incidencia penal en incumplimientos de salud

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, analizar la crisis humanitaria por el colapso del sistema de salud en esta ciudad y un posible incumplimiento de órdenes judiciales con posible incidencia penal.

En la comunicación enviada a la Fiscalía, le pidió a esta entidad que disponga de sus capacidades institucionales con el fin de analizar “si existe mérito para investigar la grave crisis humanitaria y operativa que atraviesa el sistema de salud de nuestra ciudad y evaluar posibles conductas penalmente relevantes ante el incumplimiento de órdenes emitidas por autoridad judicial sobre la materia”.

Solicitó en ella a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones necesarias “para determinar las presuntas conductas punibles que se lleguen a materializar ante el incumplimiento de las órdenes judiciales que las autoridades para ello competentes han proferido sobre la materia”.

Para el alcalde, esas medidas pretenden justamente amparar y prevenir afectaciones a los derechos de la vida, salud y dignidad humana de la población y, en concreto, de los usuarios del sistema de salud de Medellín.

Luego de explicar el contexto en el que se encuentra la ciudad, y por el cual se declaró la Urgencia Hospitalaria en las últimas horas, debido a un colapso operativo del sistema, indicó que hoy existe un riesgo inminente para la salud y vida de los habitantes de Medellín y demás usuarios del sistema de salud que usan la infraestructura hospitalaria de esta parte del país.

Contexto para esta solicitud

Para el alcalde de Medellín, el origen de este colapso obedece en gran parte al flujo ineficiente de recursos por parte del Gobierno nacional.

Recordó que el pasado 30 de mayo de 2025, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín interpuso una Acción Popular con el objetivo de proteger el derecho fundamental y colectivo a la salud, elevado a rango constitucional, y el 11 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó medidas cautelares de cumplimiento inmediato, ordenando al Gobierno Nacional pagar las deudas acumuladas y garantizar un flujo constante de recursos hacia las IPS.

No se cumplieron los plazos

A pesar de la decisión del Tribunal y vencer el plazo perentorio el 26 de agosto de 2025 para el cumplimiento de esta medida, eso no ocurrió y se ignoró el mandato judicial.

Debido a esta situación, el Distrito promovió un incidente de desacato, al cual el Tribunal Administrativo de Antioquia dio trámite formal el 2 de febrero de 2026, vinculando directamente a ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, “este escenario es de máxima gravedad jurídica, en tanto con ello al parecer se configura un posible fraude a resolución judicial que podría derivar en un impacto de connotación sobre la salud y vida de las personas”.

Agregó que “el plazo para que el Gobierno Nacional pagara las deudas y garantizara el flujo de recursos, ordenado por el Tribunal, venció el 26 de agosto de 2025 y la respuesta por parte del Gobierno Nacional ha sido el silencio y el incumplimiento flagrante”.

En la solicitud a la Fiscalía, el alcalde pidió que se investigue si esta desatención sistemática de las órdenes judiciales y de la crisis operativa constituye una o varias conductas punibles.

También acudió a otras instancias

En ese mismo sentido, también envió una solicitud al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República y a la Defensora del Pueblo de nuestro país, para que realice una urgente intervención y vigilancia especial por desacato a órdenes judiciales en el sistema de salud de Medellín.