Defensoría del Pueblo alertó por posible confrontación armada en el litoral de San Juan en Chocó

Litoral de San Juan, Chocó.

Por una alta probabilidad de combates entre el ELN y el autodenominado y disidente Estado Mayor Central, en el municipio de El Litoral de San Juan en el Chocó, la Defensoría del Pueblo emitió Alerta Temprana por el riesgo que representa para comunidades afro e indígenas.

Según la Defensoría, las dos estructuras tendrían un interés especial en la quebrada Munguidó, afluente estratégico que conecta la cuenca del río Calima y el río San Juan, el cual serviría para rutas de narcotráfico, minería ilegal y extracción de madera.

Desde esta entidad se está haciendo un llamado a las instituciones competentes para que den una respuesta efectiva que permita tener presencia en el territorio y disuadir ese foco de violencia.

Posibilidades de violación de los derechos humanos

La Alerta Temprana de Inminencia 010 de 2026 muestra los graves riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por esa posible confrontación.

Los dos actores armados que tienen presencia en este territorio son el Frente de Guerra Occidental Che Guevara del ELN y el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas, adscrito al autodenominado y disidente Estado Mayor Central.

17 recomendaciones

La Defensoría formuló 17 recomendaciones en esta Alerta Temprana, para que sean acogidas por entidades del orden nacional y territorial, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación del Chocó, entre otras.

“Estas recomendaciones instan a dar una respuesta rápida que permita disuadir la violencia, implementar tecnologías para neutralizar ataques con drones, fortalecer la autoprotección étnica y garantizar asistencia humanitaria integral bajo un enfoque de seguridad humana”, aseguró en un comunicado.

Reconfiguración armada

Para la Defensoría del Pueblo, allí hay una reconfiguración armada “que se viene dando desde el 2025, pues el Frente Jaime Martínez ha avanzado sobre áreas. Históricamente controladas por el ELN, posiblemente bajo una alianza o acuerdo de relevo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC (antes AGC). Es por ello que la entidad alerta sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias”.

Antecedentes en la confrontación

Recordó la entidad que en esta zona fue asesinado un joven afrocolombiano y allí desaparecieron otros dos jóvenes en el afluente Munguidó.

Por esta muerte y desaparición se generó el confinamiento de 465 familias conformadas por 1.367 personas, de comunidades negras e indígenas, que tienen prohibida la movilidad por los ríos, impidiéndoles adelantar actividades vitales como la pesca, la caza y la agricultura.

Las comunidades se han quejado por el desabastecimiento por este bloqueo que están imponiendo los grupos armados ilegales.

Veredas en peligro

Las zonas afectadas son Pangalita, Los Perea, Munguidó, Las Delicias, Barrios Unidos, Pángala, Palestina, Coco, Qichero, Taparal, Taparalito, San José, Jerusalén, Pueblo Nuevo, Guaimía, Villa Victoria, Peñita, Las Brisas, Tordó, Chivirico, Osorio, Chapién, Durardur y Cocomá.

En estas zonas hay riesgo focalizado para las zonas que conforman el consejo comunitario general del San Juan y el resguardo indígena Chagpien Tordó.

Panfletos amenazantes

Los grupos armados ilegales están distribuyendo panfletos, especialmente el que está firmado por el Bloque Occidental Jacobo Arenas, adscrito al autodenominado y disidente Estado Mayor Central, en el que amenaza con declarar “objetivo militar” a quienes no se unan a sus filas o sean señalados como colaboradores del bando contrario.

También en la zona se han registrado ataques con drones a los que les instalan explosivos y preocupa el uso de minas antipersonal en zonas rurales y de tránsito.

Afectación a la salud

Desde esta zona se están reportando graves afectaciones a la salud de mujeres con crisis hipertensivas porque no han podido ser evacuadas, ni recibir atención médica en la zona, por el confinamiento que padecen.

También hay un riesgo alto para los niños y adolescentes de esta zona del Chocó, donde ya el año anterior se registraron siete casos de reclutamiento forzado y actualmente 324 estudiantes no reciben clases debido al temor de los docentes y las restricciones de movilidad.