Juzgado admite demanda que busca cierre de bares en zona residencial de Piedecuesta, Santander
Acción popular denuncia afectaciones por ruido, inseguridad y uso indebido del suelo cerca del conjunto residencial La Rioja.
Foto: Internet
Bucaramanga
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Bucaramanga admitió una acción popular que busca el cierre definitivo de varios establecimientos nocturnos que operan en una zona residencial del municipio de Piedecuesta, en el área conocida como la Paralela La Rioja.
La demanda fue presentada por la copropiedad a través de su apoderado, el abogado Carlos Fernando Acevedo, quien explicó que desde hace varios años los residentes del sector han denunciado problemas derivados del funcionamiento de estos establecimientos nocturnos.
Según el jurista, “el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio permite en esa zona únicamente actividades comerciales de bajo impacto, como supermercados, panaderías, restaurantes, salones de belleza o papelerías, pero no bares ni discotecas”, comentó.
Sin embargo, señaló, que varios locales ubicados sobre la paralela de la autopista habrían sido convertidos en sitios de rumba que funcionan hasta altas horas de la noche.
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De acuerdo con la comunidad, el alto volumen de la música y la actividad nocturna han generado serias afectaciones para los residentes, entre ellos niños y adultos mayores. Incluso, algunos inmuebles comparten muro con los establecimientos, lo que ha provocado vibraciones en paredes y ventanas que dificultan el descanso de los habitantes.
Acevedo, explicó que antes de acudir a la acción popular se intentaron otras vías judiciales y administrativas. Una tutela presentada el año pasado permitió que un juez reconociera la afectación a los derechos de un menor de edad y señalara que el mecanismo adecuado para abordar el problema era la acción popular.
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De acuerdo con el aviso judicial, el proceso pretende que se declare la vulneración de estos derechos y que se ordene el cierre definitivo de 15 locales comerciales que, según los demandantes, funcionan en contravía de la reglamentación urbanística del municipio.
Con la admisión de la demanda, el proceso entra ahora en una nueva etapa en la que los establecimientos deberán ajustarse a las normas urbanísticas y ambientales vigentes. De no hacerlo, “podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso el cierre definitivo”.
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El abogado indicó que la medida judicial también busca que autoridades como la Alcaldía, la Policía y las entidades ambientales intervengan para verificar el cumplimiento del uso del suelo y garantizar los derechos de los residentes.
“El objetivo no es afectar el comercio, que también genera empleo, sino lograr un equilibrio entre la actividad económica y derechos fundamentales como el descanso, la salud y la vida”, explicó el apoderado Carlos Fernando Acevedo.
Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad espera que las autoridades adopten medidas que permitan recuperar la tranquilidad en el sector.
