Tribunal frena decreto del Gobierno que reorganiza EPS y advierte riesgo para millones de pacientes
El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar urgente contra el Decreto 0182 de 2026, norma del Gobierno que redefine la operación territorial de las EPS y podría provocar traslados masivos de afiliados en el sistema de salud.
Servicio de salud, imagen de referencia. Foto: Getty Images / SimpleImages
Una decisión judicial volvió a sacudir el debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó una medida cautelar urgente contra el Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional para reorganizar el aseguramiento en salud bajo un modelo territorial y poblacional.
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La decisión se adoptó dentro de una acción popular presentada por el abogado Víctor Raúl Palacio, quien advirtió que la implementación de la norma podría generar riesgos para la continuidad del servicio de salud y el acceso efectivo de millones de usuarios.
Según el tribunal, la aplicación inmediata del decreto podría provocar traslados masivos de afiliados entre EPS, con posibles impactos en la estabilidad del sistema y en la capacidad de atención de las entidades receptoras.
Tribunal advierte posibles riesgos para el sistema de salud
La acción popular que dio origen a la medida cautelar advierte que la aplicación del decreto podría generar una redistribución masiva de afiliados entre EPS, lo que podría afectar la capacidad de respuesta del sistema de salud.
También señala que, en algunos territorios, la reorganización podría concentrar un alto número de afiliados en pocas entidades, lo que podría limitar la libre elección de los usuarios y generar presión sobre las redes de prestación de servicios.
Ante este escenario, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió suspender provisionalmente los efectos del decreto mientras se estudia el fondo del caso, con el fin de evitar posibles afectaciones al derecho fundamental a la salud.
¿En qué consistía el Decreto 0182 de 2026, la reforma operativa al aseguramiento en salud?
El decreto expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social introduce cambios estructurales en el funcionamiento del aseguramiento en salud en Colombia.
La norma crea un modelo de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, que redefine cómo operan las EPS en el país y cómo se distribuyen los afiliados en cada departamento y municipio.
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El decreto adiciona el Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, que regula el sector salud, e incorpora mecanismos diferenciales para organizar el sistema bajo criterios de equidad territorial, sostenibilidad financiera y acceso efectivo a los servicios de salud.
En términos prácticos, la norma reorganiza el mapa de operación de las EPS en el país y fija nuevas reglas para determinar en qué territorios pueden operar y cuántas entidades pueden funcionar en cada municipio o departamento.
Reglas territoriales que redefinen dónde pueden operar las EPS
El decreto establece umbrales de participación y criterios poblacionales para definir qué EPS pueden permanecer en determinados territorios.
Entre las principales disposiciones se encuentran:
- EPS con menos de un millón de afiliados a nivel nacional podrán mantener su ámbito territorial, pero si en un departamento su participación es inferior al 3% del total de afiliados, deberán salir de los municipios donde operan.
- En departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán operar EPS con al menos 5% de participación en afiliados.
- En departamentos con entre 390.000 y 2 millones de habitantes, el umbral mínimo será 10%.
- En departamentos con entre 100.000 y 390.000 habitantes, la participación mínima exigida será 15%.
En el caso de los municipios, el decreto también establece límites máximos de EPS según el tamaño poblacional, lo que podría reducir el número de aseguradoras disponibles en varios territorios del país.
Traslados masivos de afiliados: el punto más crítico del decreto que lleva a decretar la medida cautelar
Este mecanismo fue uno de los puntos que generó preocupación en la acción judicial, debido al posible impacto operativo que podría generar en el sistema.
Puesto que uno de los aspectos más sensibles del Decreto 0182 es el mecanismo de asignación automática de afiliados cuando una EPS deja de operar en un municipio.
Es importante aclarar que el decreto establece que este proceso debe realizarse en un plazo de cinco días hábiles, utilizando como base la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).
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Además, las EPS receptoras no podrán negarse a recibir los afiliados asignados, quienes pasarán automáticamente a la nueva entidad desde el primer día del mes siguiente.
Nuevo choque judicial en medio del debate sobre la reforma al sistema de salud
La decisión judicial se produce en un momento de alta tensión alrededor de la reorganización y sostenimiento del sistema de salud en Colombia.
Mientras el Gobierno sostiene que el Decreto 0182 busca mejorar la equidad territorial, garantizar el acceso en zonas dispersas y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema, diversos actores del sector han advertido que su implementación podría generar efectos operativos y financieros complejos.
Sin embargo, la medida cautelar, que es la herramienta preventiva para suspender temporalmente la medida, el proceso judicial continuará mientras el tribunal analiza el fondo de la demanda y determina si el decreto se ajusta al marco constitucional y legal del sistema de salud colombiano.
