Histórico: Fiscalía imputó en la selva a máximos jefes de disidencias por 155 crímenes en Catatumbo

En un hecho histórico, la Fiscalía General de la Nación imputó por primera vez en la selva y de manera virtual a tres de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc, por 155 crímenes ocurridos entre los meses de enero y abril de 2025 en la región del Catatumbo.

Entre árboles y sentados en unas sillas improvisadas, y observando lo que parece ser un computador, se conectaron los jefes del grupo armado ilegal para escuchar la imputación por los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

El comandante del Bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas; los jefes político y financiero del autodenominado frente 33, Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, y Farby Edison Parra Parra, alias Richard, comparecieron ante un juez de Control de Garantías de Cúcuta.

Según los elementos materiales probatorios, los jefes de las disidencias habrían ordenado a sus estructuras armadas tomar control territorial absoluto a través del uso de armas y rentas ilícitas en Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí (Norte de Santander).

“En cumplimiento de esa orden, los demás integrantes del grupo armado ilegal promovieron acciones violentas, generaron miedo y zozobra en la comunidad y ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos”, mencionó la Fiscalía.

Crímenes

La investigación y los análisis criminológicos adelantados sobre lo sucedido en el territorio permitieron identificar 37 víctimas de homicidio, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y 87 personas afectadas por desplazamiento forzado.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los imputó por los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

Sobre esto, la Fiscalía General de la Nación aclaró que “avanza en el ejercicio de la acción penal como lo contempla la Directiva N.° 003 de 2025. ‘Los fiscales continuarán con la investigación y la gestión y atención de las audiencias, con indiferencia de que el o los investigados o acusados tengan suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra. Para tal efecto, los beneficiarios de la suspensión serán citados a las correspondientes audiencias o trámite judicial a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), sin afectarse su libertad personal’”.