Contraloría alerta billonarios contratos para fines políticos tras ley de garantías

La Contraloría General alertó que se firmaron 6.292 contratos por un valor superior a $2 billones en los sectores no exceptuados, luego de la entrada en vigor de la ley de garantías, es decir desde el 31 de enero a la fecha, que restringe la contratación directa por parte de entidades estatales hasta el final del proceso electoral.

Los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos, son los que más contratos reportan en el informe del ente de control.

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Se reportaron muchos contratos con fines políticos

Lo que llama poderosamente la atención es que más de $31.000 millones fueron para fines políticos, ya que corresponden a contratos directos asociados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarima o logística.

“En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, manifestó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

Incluso, la entidad reportó que previo a la entrada en vigencia de la ley de garantías también se reportaron muchos contratos directos en fines políticos.

“Se identificaron 17.841 contratos directos por un valor superior a los $1.68 billones, entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026, por eventos, publicidad, conciertos, refrigerio, tarima o logística. Posterior a esto, se identificaron 368 contratos directos relacionados por $31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de este año iniciada la Ley de Garantías”, afirmó el ente de control.

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¿Cuáles son las excepciones en ley de garantías?

El ente de control recordó que la ley reglamenta excepciones de contratación en los sectores de salud, defensa y seguridad, así como aquellos cuyo objeto contractual hacía referencia a situaciones de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito.

Por tanto, el informe del ente de control resulta que en total se analizaron 25.685 contratos por un valor de $2.8 billones y de esos la mayoría no se encontraban entre las excepciones.

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