SuperSociedades sanciona a Impoamericana Roger, inmersa en corrupción de carrotanques en UNGRD
Esta compañía además quedó inhabilitada para contratar con el Estado y no podrá recibir subsidios públicos por 10 años.
La Superintendencia de Sociedades anunció este miércoles que impuso una multa de más de $1.000 millones de pesos a Impoamericana Roger, una empresa de ferretería, por actos de corrupción relacionados con un contrato de $46.800 millones para el suministro de 40 carrotanques a la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) durante la emergencia en La Guajira.
La decisión fue tomada tras una investigación administrativa basada en la Ley 2195 de 2022, que fortaleció las herramientas del Estado para sancionar a empresas involucradas en corrupción.
Tras adelantar el procedimiento administrativo, que incluye recolección de pruebas, descargos y análisis jurídico, la Superintendencia concluyó que la sociedad incurrió en conductas relacionadas con actos de corrupción empresarial.
¿Qué implica la sanción?
La entidad ante esta situación, impuso una multa por $1.298 millones de pesos, se le prohibió para contratar con el Estado, le ordenó la publicación de la sanción en un diario de amplia circulación nacional, le impuso la privación de cargo a los administradores y por último, se le suprimió de recibir subsidios o apoyos del gobierno durante 10 años.
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La multa equivale aproximadamente al 2,7 % del valor total del contrato investigado. Aunque no representa el monto completo del negocio, sí constituye una sanción relevante dentro del régimen administrativo sancionatorio.
La inhabilidad para contratar con el Estado significa que la empresa no podrá participar en procesos de contratación pública mientras esté vigente la sanción. En Colombia, para muchas compañías, los contratos estatales representan una parte importante de sus ingresos, por lo que esta medida puede afectar de manera directa su sostenibilidad financiera.
Además, la remoción de administradores obliga a cambiar a quienes ejercían funciones de representación o toma de decisiones al momento de los hechos investigados.
El contrato
El caso se originó por un contrato que tenía un valor específico de $46.800 millones de pesos, con el nombre: Orden de Proveeduría SMD-CTQ-192-2023, firmada el 12 de octubre de 2023
Los vehículos que se entregarían estaban destinados a transportar agua potable en La Guajira, debido a la crisis de acceso al agua y a condiciones humanitarias críticas.
La decisión aún puede ser objeto de recursos legales, es decir, la empresa tiene derecho a impugnarla dentro de los plazos establecidos por la ley.
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La Ley 2195 de 2022 fue creada para fortalecer la lucha contra la corrupción, especialmente en el ámbito empresarial. A diferencia de los procesos penales, que buscan responsabilidades individuales, este se centra en la responsabilidad de la empresa como organización.
El superintendente Billy Escobar Pérez señaló que “la entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y de manera especial con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción”.
