Mapa de riesgo electoral: ¿es posible votar en paz y sin fraude?

Continuamos con los especiales de Hora20 y El País en Elecciones. En esta oportunidad el debate es sobre el mapa de riesgo electoral y entender si es posible votar en paz y sin trampa. Esto a propósito de informes recientes como el de la Misión de Observación Electoras sobre los riesgos de cara a las elecciones del 2026. También informes sobre la expansión de grupos armados, las afectaciones sobre la población y el efecto que tiene este panorama para el desarrollo de unas elecciones libres, justas y en paz.

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Lo que dicen los panelistas

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, detalló que en la construcción del mapa de riesgo participaron 17 organizaciones, “se estableció una metodología desde 2017 para comparar elecciones anteriores. Hay unos riesgos indicativos de fraude electoral que sale del análisis de riesgo a nivel municipal”. Planteó ejemplos que podría alterar sobre las variaciones, “hay 48% de participación en el país y un departamento tiene 45% de participación y en un momento hay una participación del 30% en un municipio y después salta al 60%; ahí está la pregunta de por qué tenemos esas variaciones”.

También destacó que se superponen violencias que afectan el proceso electoral y se hace seguimiento desde el inicio de la época preelectoral, “violencias contra liderazgos políticos, sociales y comunales vía CITREP, violencia contra periodistas, enfrentamientos entre armados”, son algunas de las que se tienen en cuenta.

Resaltó que son 170 los municipios con riesgos de violencia y fraude electoral, con lo cual, dijo que esos municipios se tienen que intervenir. Sin embargo, lanzó alertas sobre los armados, “hoy es muy difícil saber qué piensa Mordisco u Calarcá políticamente. Sabemos cómo funciona ELN y Catatumbo, pero con Calarcá y Mordisco no podemos saber cuál puede ser la decisión que tomen ante un proceso electoral, por eso este mes es tan importante”.

Jorge Mantilla, doctor en Criminología, politólogo, experto en crimen organizado y dinámicas del conflicto y columnista, detalló que el fraude no es un fenómeno que ocurre el día de las elecciones, que es donde se concentran esfuerzos, “el fraude es el resultado de un proceso más amplio: incentivos, capacidades tanto estatales como de armados y no es posible garantizar que no vaya a haber fraude, el tema es qué tan significativo es y si eso pone presidente. Acá hay elecciones que se han perdido por 200 mil votos, entonces la alerta es seria”. Explicó que las dinámicas de control y lógicas económicas en territorio son diferentes, pues tenemos unos grupos que pagan salarios y dan vacaciones como Comandos de Frontera o Clan del Golfo”.

Resaltó que hay enormes incentivos políticos por parte del crimen organizado, “son muy similares en como operan y el interés político tiene que ver con dinámicas de contratación estatal y cuotas burocráticas. En Guaviare y Catatumbo hay interés en reordenar el territorio y eso ya no es asociado a lógicas de ilegalidad. Hay incentivos en política local que es lo que les permite transitar a la institucionalización de su proyecto armado”.

Paca Zuleta, abogada, profesora universitaria y exviceministra de Justicia, recordó que el experto en conflicto Luis Fernando Trejos asegura que hay una fragmentación de grupos, pero también la forma como los armados se relacionan con el elector, así como el crecimiento de economías ilegales: coca, minería ilegal, bosques, tráfico de personas, criptomonedas. Comentó que en temas como las curules de paz tenemos zonas controladas por grupos y es como cuando Escobar llegó a la Cámara de Representantes, “entonces vamos a tener este tipo de actores en la Cámara”.

De otro lado, dijo que el enredo es impunidad, “pero en lo electoral es entender que el incentivo del ilegal es que el Congreso o el Gobierno regule o legisle en su favor. En este momento teníamos a estos señores en mesa de negociación y ahora se paran”.

Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, investigadora en asuntos del conflicto, subdirectora editorial de Cuestión Pública, explicó que hay una doctrina desde 2010, que no es eficiente, “nosotros llegamos con 26 disidencias al gobierno Petro y después terminamos en tres. Tenemos una escalada porque hay grupos que se expanden y no hay política acertada de seguridad y paz”. También comentó que preocupa el riesgo en las CITREP porque en esas elecciones se ven cooptadas por grupos armados o hijos de victimarios, “los riesgos de cooptación directo u constreñimiento en Cauca, Catatumbo es muy alto. Las comunidades se ven obligadas a poner la gente y los votos, entonces estamos en un panorama complejo de seguridad que nos lleva a unos riesgos muy altos”.

Desde Popayán, Andrés Chilito, coordinador regional de la MOE Cauca, contó que en el departamento hay un problema de violencia, “25 de los 42 municipios del departamento están en riesgo por violencia. Hay 57 agresiones: 28 a liderazgos sociales, 25 liderazgos políticos y 4 a comunales”. Resaltó que gran parte de los municipios del Cauca están comprometidos en diversas situaciones: en la zona norte, Alto Patía y Cañón del Micay, además, los que conforman el macizo colombiano, sobre todo, por disputas entre disidencias Farc y ELN. Sobre la forma como se desarrolla la política, aseguró que hay indicios de grupos armados que respaldan candidaturas, constreñimiento, favorecimiento a candidaturas, “en las elecciones 2022 en el Alto Patía las disidencias indicaban qué candidatos podían hacer campaña”.