Exmagistrado analiza la decisión de la Corte Constitucional y sus riesgos en un contexto electoral

La reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica ddecretada por el gobierno de Gustavo Petro ha sido calificada como un “cambio copernicano radical” en la manera de entender la gobernanza política del país y el trabajo del propio tribunal. Así lo afirmó en 6AM W de Caracol Radio, Humberto Sierra, exmagistrado y director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, quien analizó las implicaciones de la inauguración de la figura de la suspensión provisional de leyes.

Según Sierra, esta medida permitirá que las decisiones de la Corte se tomen “en tiempo real”, inmediatamente después de que se expidan leyes o decisiones del legislativo con fuerza de ley. Esto tendrá “importantes efectos” en el actual contexto de polarización y electoral que vive Colombia.

El experto advirtió que los magistrados “van a correr mucho más riesgo de ser objeto de cuestionamientos de su objetividad”, dependiendo de la conveniencia o de las decisiones puntuales que se tomen. Por ello, la Corte deberá actuar con “muchas cautelas” ante esta trascendental decisión.

Aunque la medida actual es una decisión provisional, Sierra considera “sensato pensar que, una vez que se dicta una suspensión provisional, lo más probable es que efectivamente se declare la inconstitucionalidad. Sin embargo, aclaró que esto no es una certeza, citando ejemplos del Consejo de Estado donde medidas provisionales de suspensión no siempre derivan en decisiones definitivas en el mismo sentido. Destacó que el proceso aún no ha concluido, ya que faltan pruebas, la escucha a la ciudadanía y la opinión del Ministerio Público.

El debate también ha puesto de manifiesto las posturas disidentes de magistrados como Héctor Carvajal y Vladimir Fernández. Su argumento, según el exmagistrado, podría centrarse en que el Auto 272 de 2023 de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, no permitiría la suspensión provisional frente a decretos de estado de excepción. Esta interpretación se alinea con un precedente anterior que impedía modificar o dejar de aplicar decretos legislativos mediante la excepción de la inconstitucionalidad.

Sierra explicó que la Corte, al atribuirse ciertas competencias jurisprudencialmente, busca responder a problemas coyunturales. En este caso, la decisión hace frente a la práctica del gobierno y del Congreso de expedir leyes económicas y tributarias a sabiendas de su inconstitucionalidad, con la esperanza de que la declaración de inconstitucionalidad solo opere hacia el futuro. Esta práctica permitía el recaudo de impuestos y la producción de efectos durante la vigencia de leyes que, en esencia, eran inconstitucionales, haciendo que las sentencias de inconstitucionalidad fueran “inocuas en cierto sentido”. Con la suspensión provisional, se reduce la posibilidad de que existan leyes inconstitucionales vigentes que sigan produciendo resultados.

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