JEP inicia juicio contra coronel (r) David Herley Guzmán por 17 falsos positivos en Antioquia
Es acusado de su presunta responsabilidad en 17 asesinatos y un intento de homicidio, presentados falsamente como bajas en combate en los municipios de Dabeiba e Ituango.
Coronel (r) del Ejército, David Herley Guzmán Gutiérrez, acusado por la JEP de falsos positivos. Foto cortesía Federico Carranza - JEP
Antioquia
La Jurisdicción Especial para la Paz inició este 20 de enero, el juicio adversarial transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, acusado de su presunta responsabilidad en 17 asesinatos y un intento de homicidio, presentados falsamente como bajas en combate en los municipios de Dabeiba e Ituango.
El proceso se adelanta ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, luego de que el oficial en retiro no aceptara responsabilidad por crímenes ocurridos entre 2004 y 2005, cuando comandó el Batallón de Contraguerrillas No. 79, adscrito a la I División del Ejército Nacional.
“Un juicio transicional adversarial, donde hoy cada una de las partes, tanto la acusación como la defensa, presentarán inicialmente la teoría del caso, y empezaremos con la práctica de la prueba, que fue decretada en la audiencia preparatoria”, explicó la magistrada, Reinere Jaramillo
Detalles de los hechos
De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), Guzmán Ramírez habría actuado como coautor y coautor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes, conductas calificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La acusación incluye 10 hechos ocurridos entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, periodo en el que, según la UIA, se habría ejecutado un plan criminal orientado a obtener resultados operacionales ilegítimos, sustentado en un sistema de incentivos que priorizaba el número de bajas.
La JEP evaluará un patrón macrocriminal caracterizado por la selección de víctimas civiles en condición de vulnerabilidad, su estigmatización, el uso de engaños o coerción, el encubrimiento institucional y la simulación de legalidad de las muertes. En varios de los casos investigados, la acusación señala una presunta cooperación con estructuras paramilitares, entre ellas el Bloque Mineros y el Bloque Élmer Cárdenas.
Las víctimas
Las 18 víctimas directas eran principalmente jóvenes campesinos y trabajadores en situación de vulnerabilidad económica. Según la acusación, algunas de las víctimas, incluidos menores de edad habrían sido sometidas a tratos crueles e inhumanos antes de su muerte. Tres de ellas habrían sido víctimas de reclutamiento forzado.
Para el desarrollo del juicio fueron acreditadas 70 víctimas indirectas, entre familiares de las personas asesinadas y desaparecidas, quienes también habrían sufrido estigmatización y desplazamientos forzados en sus comunidades.
El juicio contará con la declaración de 94 testigos —68 de la UIA, 16 de la defensa y 10 de las víctimas—, así como pruebas periciales especializadas, entre ellas dictámenes forenses, análisis balísticos, reconstrucciones tridimensionales de escenas y expedientes de la justicia ordinaria.
