Drones modificados con explosivos: hasta 5 kilos de carga y 8 KM de alcance en disidencias y ELN

La revelación de Caracol Radio sobre el dron de alto alcance utilizado por alias “Primo Gay”, cabecilla de las disidencias de las Farc del bloque de Calarcá, confirma apenas una parte de un fenómeno mucho más amplio: la consolidación de una nueva fase de guerra aérea criminal en Colombia, basada en tecnología de bajo costo, coordinación operativa y ataques explosivos contra la fuerza pública. De hecho, este medio también puede establecer que se están moviendo integrantes del grupo criminal para capacitar a sus integrantes.

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Ataques coordinados: nueva táctica de guerra criminal

Uno de los episodios que marcó un punto de quiebre ocurrió el 1 de junio de 2024, cuando 12 drones fueron utilizados de manera sincronizada para atacar la base militar de Suárez, Cauca. Aunque solo cinco lograron impactar el objetivo, el hecho evidenció un salto en planeación, coordinación y ejecución simultánea por parte de los grupos armados ilegales.

Fuentes militares advierten que este tipo de ofensivas ya no responde a acciones improvisadas, sino a operaciones premeditadas, que incluyen vigilancia previa, selección de blancos estratégicos y coordinación aérea para saturar defensas terrestres y limitar la capacidad de reacción de las tropas.

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Tecnología barata, impacto letal

El informe conocido por Caracol Radio alerta sobre la economía criminal que sostiene esta nueva modalidad de ataque. Las organizaciones armadas están reduciendo costos y ampliando capacidades mediante el uso de impresoras 3D para fabricar piezas clave, como hélices.

Mientras en el mercado legal una hélice puede costar cerca de 60 mil pesos, los grupos ilegales logran producir un par por apenas 3 mil pesos, facilitando el reemplazo constante de componentes y permitiendo sostener operaciones prolongadas con bajo costo logístico.

A esto se suma la compra de drones obsoletos o dañados, que posteriormente son modificados para incrementar su capacidad de carga explosiva, ampliar autonomía de vuelo y adaptarlos a misiones ofensivas, convirtiendo equipos comerciales en plataformas artesanales de ataque aéreo.

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Capacidades técnicas detectadas

Los reportes técnicos analizados por Caracol Radio indican que los drones usados por estructuras ilegales presentan las siguientes capacidades operativas:

• Altura operacional: entre 380 y 500 metros.
• Alcance de desplazamiento: entre 4 y 8 kilómetros desde el punto de lanzamiento.
• Capacidad de carga: hasta 5 kilogramos, y en algunos casos ligeramente superior.
• Autonomía de vuelo: Entre 30 y 60 minutos por batería. En otros modelos, hasta 35 minutos con una sola batería.
• Configuraciones livianas: alcanzan cerca de 22 minutos continuos.

A estas plataformas se les están adaptando granadas diseñadas originalmente para morteros de infantería, modificadas artesanalmente para ser liberadas desde el aire, convirtiendo drones comerciales en vectores aéreos de munición militar.

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El caso ‘Primo Gay’: vitrina del nuevo poder aéreo ilegal

En este contexto se ubica el caso revelado por Caracol Radio sobre el dron utilizado por alias “Primo Gay”, quien ha exhibido en redes sociales equipos de alto alcance y capacidad operativa, presuntamente usados para vigilar corredores estratégicos, anticipar movimientos de la Fuerza Pública y reforzar el control territorial intimidatorio sobre comunidades rurales.

Fuentes de inteligencia señalan que estas plataformas no solo cumplen funciones de observación, sino que pueden ser adaptadas para misiones ofensivas, replicando el modelo ya identificado en ataques contra instalaciones militares.

Los ataques con explosivos lanzados desde drones han obligado a reforzar protocolos de protección perimetral, replantear esquemas de movilidad terrestre y acelerar la implementación de sistemas antidrones, radares tácticos y equipos de interferencia electrónica.

Sin embargo, fuentes oficiales reconocen que la cobertura de estas tecnologías sigue siendo limitada frente a la velocidad con la que los grupos armados ilegales están adoptando nuevas plataformas aéreas.

Fallas históricas en sistemas antidrones del Estado

Documentos oficiales y reportes técnicos conocidos por Caracol Radio evidencian que la Fuerza Pública no cuenta con sistemas antidrones suficientes ni plenamente operativos frente a la amenaza.

Desde 2019, el Estado inició la compra de capacidades antidrones (CUAS), instaladas en 2020 en infraestructura crítica como la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja. Sin embargo, un oficio interno de abril de ese mismo año ya advertía que un solo sistema era insuficiente para cubrir la totalidad del complejo.

Posteriormente, una visita técnica oficial realizada entre el 18 y el 20 de noviembre de 2020 concluyó que el sistema instalado no estaba recibiendo energía, permanecía apagado y no transmitía información al centro de comando y control, impidiendo evaluar su funcionamiento real.

Ante estas fallas, en 2022 varias plataformas antidrones tuvieron que ser retiradas de operación al no cumplir los estándares técnicos requeridos para proteger infraestructura estratégica ni bases militares.

Fuentes que conocieron la implementación señalaron que los sistemas se probaron en siete u ocho bases aéreas, detectando alta vulnerabilidad: radares convencionales incapaces de detectar drones comerciales, inhibidores con riesgo de afectar radioayudas y sensores aeronáuticos, y limitaciones frente a drones con capacidad de salto de frecuencias.

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