¿Quién es Iris Marín Ortiz, la actual Defensora del Pueblo en Colombia? Conozca su historia

En poco más de un año al frente de la Defensoría del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de 48 años, ha logrado algo que parecía improbable: devolverle a esta entidad su peso institucional, su visibilidad y, sobre todo, su razón de ser. Con independencia, rigor académico y un estilo de liderazgo basado en la escucha directa, esta abogada constitucionalista ha puesto nuevamente en el centro a las comunidades y a las personas cuyos derechos están en riesgo.

Su llegada al cargo, en agosto de 2024, vino acompañada de rumores y sospechas. Había sido elegida con respaldo de la bancada de Gobierno, a partir de una terna enviada por el presidente Gustavo Petro. Para muchos, eso la convertía en una ficha del Ejecutivo. Sin embargo, desde los primeros meses demostró lo contrario al cuestionar varias decisiones del gobierno, dejando claro que su brújula no atiende favores ni presiones: atiende derechos humanos.

Perfil de Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo

El compromiso de Marín con los derechos humanos no nació con su nombramiento: se fue gestando desde su infancia. Creció en un hogar de padres migrantes, con ideas liberales y de izquierda, donde la conversación política y social era permanente. Estudió su bachillerato en un colegio de monjas y formó su carácter en un ambiente que combinaba disciplina con sensibilidad social.

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Luego llegó la formación jurídica. Estudió Derecho en la Universidad del Rosario y empezó a trabajar desde muy joven en uno de los escenarios más complejos del país: la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), donde llegó a ser coordinadora. Allí hizo lobby en el Congreso, investigó, acompañó casos y se formó en litigio estratégico.

Más adelante, su trayectoria la llevó a Dejusticia, a la Unidad para las Víctimas, al equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos en temas de reparación durante el proceso de paz con las FARC, y luego a ser magistrada auxiliar en la Corte Constitucional y en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Todo ese camino consolidó un sello propio: rigurosidad académica, disciplina extrema y un respeto absoluto por el debido proceso.

La defensora repite una idea que se ha convertido en sello de su gestión: “Nuestra independencia no significa oposición, pero tampoco obediencia. Debemos guiarnos por el mandato de defender al pueblo”.

Su postura, firme y sin matices, la ha llevado a pronunciarse en momentos clave. Respaldó la decisión judicial contra el expresidente Álvaro Uribe en su primer fallo condenatorio, intervino para facilitar la liberación de 33 militares retenidos en El Retorno (Guaviare) y ha denunciado la crisis humanitaria en el Catatumbo, el reclutamiento de menores y las amenazas a líderes comunales.

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Esa independencia se refleja también en algo menos visible, pero igual de revelador: la forma en que distintas orillas políticas reaccionan a su trabajo. En redes sociales puede ser señalada de “uribista”, “tibia”, “mamerta” o “petrista”, todo en la misma semana. Su equipo lo resume así: “Si todos se incomodan, es porque está haciendo bien su trabajo”.

¿Cómo defiende los derechos de los colombianos?

En estos meses, Marín ha hecho lo que define como el corazón de la institución: estar donde los derechos se vulneran. Ha realizado más de 50 viajes a regiones, emitido 19 alertas tempranas y reactivado el rol de la entidad en zonas históricamente afectadas por abandono estatal. Su estilo de liderazgo ha reforzado la moral interna de los más de 1.700 funcionarios en las 42 regionales del país.

Para una de sus asesoras cercanas, el rasgo que marca la diferencia es su capacidad de escuchar. En cada viaje, dedica horas a recibir testimonios, entender dinámicas locales y revisar las condiciones de líderes sociales, mujeres, comunidades étnicas y jóvenes en riesgo. Esa escucha activa se traduce en acciones, pronunciamientos y acompañamientos jurídicos que han devuelto credibilidad a la entidad.

Iris, la primera mujer Defensora del Pueblo en Colombia

Su elección como Defensora del Pueblo se convirtió en un hito para las mujeres en la institucionalidad colombiana. Para ella, esto implica una responsabilidad adicional:

“Tengo la obligación de mostrar un liderazgo femenino positivo”.

Ese compromiso se refleja en la composición del equipo directivo: más del 70% de los cargos de planta y de decisión son ocupados por mujeres. No como un gesto simbólico, sino como un modelo de cómo la perspectiva de género transforma las instituciones.

Marín ha sido enfática en que necesita fortalecer la Defensoría Pública, donde apenas 4.148 profesionales atienden más de 705.000 procesos. Para ella, garantizar el acceso a la justicia es una prioridad que requiere mayor presupuesto y estructura.

Entre sus preocupaciones más profundas, Marín menciona dos: la indolencia y el individualismo. Le inquieta el “sálvese quien pueda”, esa idea que fragmenta al país y deja a miles de personas solas ante la violencia, la pobreza o la discriminación. “La gente es solidaria, pero solo con lo que le queda cerca. Y hay mucha gente abandonada en un sistema que tampoco responde”, dice.

Por eso es tan firme con su equipo en una instrucción que repite sin descanso: “Escuchen. Miren. Actúen”. No quiere funcionarios que solo llenen formularios.

Quienes trabajan con ella la describen como meticulosa, académica, subrayadora compulsiva y obsesiva del detalle. Algunos incluso dicen que tiene alma de rectora: toma apuntes, organiza, revisa y vuelve a revisar.

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Su independencia la convierte en una especie de árbitro nacional. Desde todas las orillas —izquierda, derecha, organizaciones sociales, gremios y comunidades— la buscan para pedirle que se pronuncie. Y ella lo hace, pero solo si corresponde, si hay evidencia y si está en juego un derecho fundamental.

¿Qué espera dejar como legado la Defensora del Pueblo?

La defensora reconoce que todavía es pronto para hablar de legados, pero tiene claro su propósito: “Quisiera dejar un país un poco menos dividido”.

Está convencida de que Colombia necesita debate, sí, pero sin violencia, sin odio y sin la permisividad frente a la agresión al adversario político. A eso le llama “nuestra Patria Boba”: un país que pelea por todo y olvida que depende de la convivencia