Veeduría de Jericó rechazó decisión de la ANM sobre negar prórroga a minera Quebradona
Algunas comunidades del Suroeste antioqueño denuncian que la Agencia Nacional de Minería no escuchó su postura.
Minera Quebradona en el Suroeste antioqueño. Foto: Hacemos memoria,
Jericó, Antioquia
La Veeduría por el Uso y Cuidado de los Recursos Naturales, en representación de algunas comunidades del Suroeste antioqueño, expresó su rechazo a la decisión de la Agencia Nacional de Minería de negar la cuarta prórroga solicitada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para continuar la etapa de exploración en Jericó y Támesis.
La ANM argumentó que la empresa, filial de AngloGold Ashanti, no demostró avances suficientes en su gestión para obtener la viabilidad ambiental y presentó debilidades en el relacionamiento social con las comunidades. La entidad recordó que desde 2016 la compañía ha pedido tres prórrogas previas que suman nueve años adicionales, y que esta cuarta petición se evaluó bajo los lineamientos de “Minería con Propósito”, además de que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental aún no ha sido radicado, y el proceso permanece archivado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Rechazo de la veeduría sobre la decisión de la ANM
Sin embargo, la Veeduría asegura que la decisión ignoró información esencial aportada por un sector de la ciudadanía. Señalan que el 18 de noviembre de 2025 más de 1.400 habitantes del Suroeste, entre campesinos, comerciantes, estudiantes y familias, entregaron una carta a la ANM solicitando que se tuvieran en cuenta también las voces que apoyan el proyecto y reconocen impactos positivos en empleo, formación, agricultura, cultura y desarrollo local. Según la organización, esta comunicación nunca recibió respuesta y no fue mencionada ni valorada en la resolución.
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Para la Veeduría, omitir estas 1.400 firmas constituye una vulneración al derecho a la participación, al Acuerdo de Escazú y al deber de debida motivación de la administración pública.
“El acto administrativo afirma que “no existe aceptación social”, pero omite deliberadamente la existencia de más de 1.400 firmas, ignorando la posición de una parte significativa de la población. Esto no solo es un error técnico: es una vulneración directa al derecho a la participación. La ANM basó su decisión social en afirmaciones genéricas y en una sola narrativa, ignorando el derecho constitucional (Art. 23), la Ley 1755 y los principios de participación ambiental establecidos en Escazú“, indica el comunicado.
La Veeduría solicitó a la Agencia explicar por qué no respondió la carta, si tuvo conocimiento de ella al momento de decidir y por qué su contenido no fue incluido en la motivación de la Resolución 3198. Además, pidieron que se garantice en adelante la escucha de todas las comunidades, sin discriminación por su postura frente al proyecto.
