¿Por qué allanaron la casa de Armando Benedetti? Expediente de la Corte aclara la investigación
El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo fuertes declaraciones contra la magistrada Cristina Lombana tras el allanamiento de su casa en Barranquilla.
¿Por qué allanaron la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti? Documento explica la razón // Caracol Radio
Durante la mañana de este martes 11 de noviembre, el despacho de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ordenó una diligencia de allanamiento en la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, ubicada en Barranquilla.
La medida hace parte de una investigación penal que avanza desde 2017 por presuntas irregularidades en la expedición de la Ley 1539 de 2012, norma que regula la certificación psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego en Colombia.
En este contexto, y ante las fuertes declaraciones manifestadas por Armando Benedetti en contra de la magistrada Lombana, surgió la incógnita sobre el porqué se allanó la vivienda del ministro, hecho que es consecuencia de la investigación mencionada.
¿Por qué allanaron la casa de Armando Benedetti? Los hechos que investiga la Corte
Según el auto de apertura de instrucción formal, emitido el 6 de junio de 2024, la Corte Suprema de Justicia estudia la presunta participación de Armando Benedetti, junto con los exrepresentantes Tatiana Cabello y Efraín Torres Monsalvo, en un entramado que habría favorecido a la firma Simetric S.A., empresa dedicada a certificar la aptitud psicofísica de vigilantes privados.
De acuerdo con la magistrada Lombana, el entonces senador, Armando Benedetti, habría impulsado la Ley 1539 con el propósito de beneficiar económicamente al empresario Euclides Torres, propietario de Simetric. El documento también señala que Torres habría otorgado un préstamo de más de 3.600 millones de pesos a través de sus empresas a Benedetti, para la compra de una vivienda en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico), sin que existan garantías o soportes de pago que respalden la transacción.
Una supuesta red político-empresarial
La Corte sostiene que, desde 2010, Benedetti y Euclides Torres habrían tejido un acuerdo ilegal para legislar a favor de los intereses de Simetric, consolidando un “monopolio” en torno a la expedición de certificados médicos para porte de armas.
En 2017, ya en el trámite del proyecto de Ley 288 en la Cámara de Representantes, la excongresista Tatiana Cabello y Efraín Torres, hijo del empresario, habrían recibido dinero para frenar una reforma que modificaba la norma original impulsada por Benedetti. Según el expediente, Cabello habría recibido 25 millones de pesos por intervenir a favor de la empresa, a través de una reunión en un restaurante de Bogotá.
Competencia de la Corte y extensión del fuero
El documento recuerda que, aunque Benedetti actualmente ostenta un cargo en el Ejecutivo, la Sala Especial de Instrucción mantiene la competencia para investigarlo por hechos relacionados con su gestión como congresista, en virtud del artículo 235 de la Constitución. El fuero congresional, explicó la Corte, se mantiene para conductas cometidas con ocasión o en ejercicio de las funciones legislativas, incluso si el investigado ha dejado el cargo.
Pruebas y antecedentes del caso
En la decisión, la magistrada Lombana cita informes de la Policía Judicial, documentos del Congreso y registros financieros que muestran vínculos entre Simetric S.A. y familiares de Euclides Torres, así como movimientos económicos entre las campañas políticas de los involucrados.
El patrimonio de Benedetti, según la investigación, aumentó de forma significativa durante el trámite de la Ley 1539, lo que motivó la apertura formal de instrucción.
Choques recientes entre Benedetti y Lombana
Este nuevo capítulo judicial se suma a las tensiones recientes entre Benedetti y la magistrada Lombana, luego de que el ministro del Interior lanzara fuertes declaraciones contra la togada, lo que llevó al abogado Camilo Enciso a solicitar a la Procuraduría su suspensión.
Por ahora, el proceso avanza en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, que continuará recolectando pruebas para determinar si hay lugar a formulación de cargos contra el ministro y los excongresistas implicados.
