Tras 20 años sin justicia, víctimas de despojo en Turbo llevaron su caso ante la CIDH
En 2001 grupos paramilitares y empresarios se apropiaron de cerca de 250 hectáreas pertenecientes a las familias campesinas.
Aquivaldo Palacios - Murió esperando restitución de tierras. Foto: Forjando Futuros.
Turbo, Antioquia
Después de más de dos décadas sin una decisión en la justicia colombiana, la Fundación Forjando Futuros presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de la Asociación Agropecuaria Campesina La Teca (ASOTEC) y 19 familias víctimas de despojo de tierras en el corregimiento de Nueva Colonia, municipio de Turbo en el Urabá antioqueño.
Los hechos se remontan a 2001, cuando grupos paramilitares y empresarios se apropiaron de cerca de 250 hectáreas pertenecientes a las familias campesinas hoy representadas por la fundación.
Aunque el caso pasó por la justicia ordinaria, ingresó a Justicia y Paz en 2006 y está en manos de jueces de Restitución de Tierras desde 2017, las víctimas aún no han recibido una decisión que les permita regresar o ser compensadas por sus predios, ubicados en una zona de influencia de Puerto Antioquia.
“son 250 hectáreas, vereda La Teca, corregimiento Nueva Colonia, Turbo, zona de influencia de Puerto Antioquia. Gente despojada en los años 2000 y hasta ahora no se ha podido la devolución de esas tierras. Ha pasado por justicia ordinaria, por justicia y paz y hoy en los jueces de tierra sin que se logre la devolución de estas tierras”, explicó Gerardo Vega Medina, abogado de Forjando Futuros.
Lea también:
Durante estos años de espera, cuatro reclamantes —Darío Bolívar, Edelmira Chiquillo, Aquivaldo Palacios y Alberto Padilla— han fallecido sin ver resuelta su situación.
Solicitudes de las víctimas
Las víctimas piden que se les restituyan los predios o, en su defecto, se les otorguen tierras en condiciones similares como compensación.
La Fundación Forjando Futuros también solicitó que el proceso que llevan los jueces de Restitución de Tierras sea separado del caso colectivo del Consejo Comunitario de Puerto Girón, con el fin de agilizar la decisión sobre la solicitud de ASOTEC. Sin embargo, esta petición fue rechazada, lo que llevó a la organización a acudir al sistema interamericano en busca de justicia.
