Lista Clinton: así sería la defensa de Gustavo Petro ante la justicia estadounidense
El abogado del presidente Gustavo Petro, Daniel Kovalik, tiene experiencia adelantando demandas de extranjeros en tribunales estadounidenses.
El abogado del presidente Gustavo Petro, Daniel Kovalik, tiene experiencia adelantando demandas de extranjeros en tribunales estadounidenses. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)
En medio de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos (OFAC), el mandatario colombiano informó que su defensa en Estados Unidos estará a cargo del abogado Daniel Kovalik, especializado en derechos humanos y derechos laborales.
En Caracol Radio le contamos cuál sería la ruta de defensa del mandatario en Estados Unidos
ATCA, la norma clave
Uno de los elementos clave en la defensa de derechos en Estados Unidos es la Ley de Reclamaciones por Agravios Extranjeros (conocida como ATCA por sis siglas en inglés). Esta norma es importante dado que permite a los “no ciudadanos” presentar demandas en los tribunales federales de Estados Unidos por violaciones del derecho internacional.
Esta ley fue promulgada en 1789 y sería uno de los caminos centrales de la defensa de Gustavo Petro, considerando que su enfoque es ser una jurisdicción para que los extranjeros presenten demandas civiles en los tribunales estadounidenses.
Los pasos a seguir de la defensa Petro
Cristian Rojas, Profesor y Jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, explicó a Caracol Radio que el objetivo de salir de la Lista Clinton es un proceso que debe llevarse ante tribunales de nivel Federal considerando que la sanción se da desde el Departamento del Tesoro.
“ Lo que tiene que hacer el presidente o Armando Benedetti o quien corresponda, es hacer una solicitud a la OFAC y tiene que solicitar que se le retire de la lista (...) para eso tiene que demostrar que la razón por la que se le incluyó ha sido superada, que ya no tiene esas relaciones ilegales o esas actividades ilícitas”, agregó Rojas.
El jefe del Departamento de Ciencias Políticas reconoció que, sumado a entender las razones específicas por las que cada persona fue incluida en la lista, también existen “unas razones políticas también de por medio y no habrá voluntad política para excluirlos de la lista”.
Rojas aseguró que si bien un juez podría intervenir, y que esto es lo que seguramente buscaría su abogado, será un proceso “muy difícil”.
¿Funciona ATCA en el caso colombiano?
No siempre. Desde mediados de la década de 1990, esta norma se ha utilizado en casos que involucran a distintas empresas, compañías y corporaciones esto por su complicidad en violación de derechos humanos y delitos ambientales, en el caso de Colombia se registraron distintos procesos en los que se defendieron derechos humanos de colombianos.
Estos son algunos de los momentos en los que fue utilizado:
- Occidental Petroleum
Entre 1992 y 2002, la compañía intentó extraer petróleo en territorio U’wa, lo cual fue rechazado por el pueblo indígena que advertía de degradación ambiental y posibles ataques de la guerrilla. Luego de una década de acuerdos y litigios, Occidental Petroleum abandonó el proyecto.
En 1998 Occidental Petroleum fue acusada de causar el asesinato de 17 civiles en la aldea de Santo Domingo. Esto ocurrió porque AirScan (contratista de seguridad de la compañía) identificó la zona como un “objetivo guerrillero hostil” y justificó la información resaltando que las FARC y el ELN operaban en la zona.
AirScan proporcionó a la Fuerza Aérea Colombiana las coordenadas para atacar a esta población y así proteger el complejo de Caño Limón. En 2003, uno de los testigos y sobrevivientes del ataque demandó a la compañía, sin embargo, los tribunales determinaron que Occidental Petroleum no fue culpable del incidente.
- Drummond Company
En 2003, la empresa minera estadounidense fue demandada por viudas y huérfanos de tres líderes sindicales que fueron asesinados por paramilitares cerca de sus minas y por ello se acusó a la compañía de “apoyar a combatientes paramilitares en sus instalaciones, lo que la responsabilizaba de las muertes”. En 2009, un tribunal federal estadounidense determinó que la compañía nunca apoyó acciones de grupos ilegales.
En 2013 se informó que la compañía estaba vertiendo cientos de toneladas de carbón al mar Caribe. Esto resultó en que el gobierno colombiano suspendiera temporalmente las operaciones de la empresa en Santa Marta y Drummond recibió una multa (de parte de Colombia) de 3,6 millones de dólares.
- The Coca-Cola Company
El sindicato colombiano Sinaltrainal (Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario) denunció que Panamco, embotelladora afiliada a Coca-Cola, ayudó a paramilitares a asesinar miembros del sindicato.
En 2003, un Tribunal de Distrito en Miami desestimó los cargos contra Coca-Cola al considerar que el crimen poco tuvo que ver con el cuartel general de la compañía ubicado en Atlanta. Aunque el caso continuó contra las embotelladoras de Coca-Cola en Colombia, estas demandas también fueron desestimadas en 2006.
