Denuncia: Clan del Golfo impone multas millonarias a algunas comunidades rurales de Buriticá
Habitantes de varios corregimientos de esa población del Occidente de Antioquia manifiestan que las reglas de convivencia del grupo ilegal han generado que muchas familias abandonen la zona por temor a ser asesinadas.

Buriticá, Antioquia. Foto: cortesía.
Buriticá- Antioquia
Algunos habitantes de zonas rurales del municipio de Buriticá se comunicaron con Caracol Radio para expresar una preocupación que los viene afectando desde hace un tiempo y la cual está relacionada con las normas de convivencia que ha impuesto el grupo ilegal Clan del Golfo a las comunidades y quien las incumpla debe pagar entre uno y cuatro millones de pesos de acuerdo con lo que ellos consideran como falta.
Las fuentes a las que no revelaremos la identidad y tampoco su ubicación por seguridad indican que hace poco comenzaron a cobrar una cuota al comercio que ellos disfrazan como “la vigilancia” y que debe ser pagada de manera obligatoria. Recalcan que los ilegales estarían analizando extender el cobro al resto de las personas. Esto estaría ocurriendo en los corregimientos El Naranjo, La Angelina, en veredas como Los Asientos, Murrapal, Igabra, Mogotes, entre otras cercanas a la cabecera municipal.
“La multa puede ir de 1 hasta 2 millones; lo ponen a pagar por allá en donde ellos digan. Parte de la comunidad y, fuera de eso, le cobran la multa. Si usted pelea, si usted se mete con la mujer del vecino, si la vecina se mete con el marido de la vecina, suban multa hasta de 3, 4 millones. Ahorita están cobrando la vigilancia, que, porque ellos son los que cuidan, los que están pendientes, ya quieren cobrar a los negocios. Cada vez está más complicada la situación”.
Pero el comercio también debe cumplir horarios impuestos; quien desee realizar una celebración debe contar con dicha autorización y, si no, debe pagar la multa. Los ilegales están reclutando a menores de edad para que comercialicen estupefacientes en las plazas de vicio o les pagan para que trabajen como informantes. Lo que eleva el nivel de preocupación de las comunidades. Además, quien quiera trabajar en la zona debe obtener un permiso, de lo contrario se somete al desplazamiento forzado.
“Aquí se ve la minería informal y si hay una persona que quiere trabajar sin permiso de ellos, eso es un problema grande. El que quiera trabajar, ellos lo autorizan y va con un porcentaje de un 10% de lo que usted saque; va el 10% para ellos”.
Expresan a Caracol Radio que el control y la presión del grupo es bastante fuerte e intimidante para las comunidades, pero algo muy grave es que no se atreven a denunciar de manera formal ante las autoridades porque temen que los identifiquen y eso signifique la muerte inmediata. Pero recalcan que esa información sí es conocida por las autoridades.
“Siempre se han hecho los de la vista gorda y, digamos, que usted sabe que como los líderes sociales en este momento atraviesan por una situación bastante delicada, cualquiera se atreve a denunciar o a estar de pronto hablando de demás porque eso sería un problema, o ganarse la muerte ahí fácilmente. La verdad, sí, por eso la gente no denuncia y le da miedo”.
Las fuentes acceden a denunciar esta problemática de control territorial del grupo ilegal con temor, pero con la intención de que las autoridades ejerzan un control real en esas zonas afectadas.
“Realmente sí necesitamos más acompañamiento de las autoridades de los gobiernos, más acompañamiento hacia las comunidades que quedan vulnerables ante estos grupos y ante esas situaciones que, la verdad, son lamentables. De hecho, a las personas que no les dan la oportunidad de estar aquí, pues, prefieren salir del territorio porque es muy complicado, la verdad”.
Este tipo de restricciones del grupo ilegal ya se había denunciado hace más de un año en el mismo territorio, pero se reactivaron, recalcan las fuentes consultadas.



