3 generales, 18 oficiales y 4 suboficiales reconocieron ante JEP falsos positivos en la Costa Caribe

Bogotá

Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz 25 antiguos integrantes del Ejército de las brigadas Segunda, Décima y Décima Primer, reconocieron su responsabilidad por haber participado en la configuración del patrón macrocriminal identificado por la JEP en la Costa Caribe, en el que 604 personas fueron asesinadas, desaparecidas y presentadas falsamente como resultados operacionales entre 2002 y 2008, lo que en Colombia se conoce como los falsos positivos.

Estos exmilitares fueron imputados por la JEP por su liderazgo y su participación determinante en la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados por el Código Penal colombiano. Estas conductas también constituyeron crímenes de lesa humanidad y de crimen de guerra, según el Estatuto de Roma. Entre ellos figuran dos mayores generales, un brigadier general, seis coroneles, tres tenientes coroneles y cinco mayores, así como cuatro oficiales subalternos: un capitán, dos tenientes y un subteniente.

Los generales imputados por la JEP

El mayor general Hernán Giraldo Restrepo, quien se desempeñó como oficial de operaciones, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Segunda Brigada entre enero 2003 y diciembre 2004, y como comandante de la Décima Brigada Blindada, entre diciembre de 2004 y junio de 2006.

El mayor general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por hechos ocurridos mientras comandó el Grupo de Caballería Mecanizado ‘Coronel Juan José Rondón’ entre julio de 2004 y junio 2006.

El brigadier general Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón de Artillería ‘La Popa’ entre diciembre de 2007 y junio de 2009.

La investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz evidenció que en las unidades militares de la Costa Caribe se consolidó una macroorganización criminal estructurada. Esta se sostenía en un sistema de presión por bajas, con exigencias y sanciones a quienes no presentaran resultados operacionales. A ello se sumaron incentivos y recompensas para quienes se destacaran en los reportes de muertes en combate.

Además, actos de encubrimiento y ausencia de controles contribuyeron a la implementación de una política orientada a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas legítimas, con el fin de inflar artificialmente los resultados operacionales como indicador de victoria militar.

Lo que sigue en el proceso

A partir de estos reconocimientos, la JEP definirá los términos de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad. En esta diligencia, los comparecientes de la Fuerza Pública deberán asumir públicamente su responsabilidad por los hechos cometidos y las afectaciones causadas, ante la justicia, las víctimas y el país.

Este reconocimiento deberá atender tres dimensiones: La fáctica, que implica aceptar de forma clara, detallada y completa los hechos y su participación en ellos; la jurídica, que exige reconocer que esos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario; y la restaurativa que requiere consciencia del daño causado.

Lo que pasa con los militares que no aceptaron su responsabilidad en falsos positivos

Pese a la amplia evidencia recopilada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel (r) William Hernán Peña Forero, quienes se desempeñaron como comandantes del Batallón La Popa en Valledupar y de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional durante el período priorizado, respectivamente, no aceptaron responsabilidad.

Ante este escenario sus expedientes serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación, que es la Fiscalía de la JEP, allí se analizarán estos procesos y pueden ser enviados a juicio y si son vencidos se exponen a pagar por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, hasta 20 años de cárcel.