Sector privado propone administrar cárceles y fortalecer control de brazaletes en Colombia
Empresas Colombianas de Seguridad plantean que el sector privado construya y administre cárceles. Además de asumir el control efectivo de los brazaletes electrónicos en el país.
Bucaramanga
En el desarrollo del Congreso ECOS 2025 en Bucaramanga José Saavedra, presidente de la Asociación de Empresas Colombiana de Seguridad lanzó una propuesta que podría transformar el sistema carcelario en el país.
Planteó que las empresas de vigilancia privada asuman la construcción, mantenimiento y administración de cárceles para sindicados, aprovechando lo que establece el artículo 12 de la Ley de Participación Ciudadana.
Saavedra explicó que esta norma ya faculta al sector privado para participar en la infraestructura penitenciaria, pero aclaró que la iniciativa depende de que el gobierno nacional convoque a licitaciones.
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“La vigilancia y la seguridad privada ya está lista, solo esperamos que el Ministerio de Justicia y la Presidencia activen los procesos para colaborar con el sistema carcelario”, señaló.
El dirigente también advirtió sobre las fallas en el uso de los brazaletes electrónicos para condenados con detención domiciliaria.
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Según estudios del gremio la medida es poco efectiva porque carece de un seguimiento (face to face).
En contraste la seguridad privada dispone de más de 80.000 supervisores en todo el país, equipados con tecnología y movilidad, que podrían garantizar visitas periódicas y control estricto a quienes cumplen la pena fuera de prisión.
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La propuesta no se limita a cárceles locales. Saavedra habló de la posibilidad de construir cárceles regionales con apoyo de gobernaciones y alcaldías.
Así como de un ambicioso proyecto denominado “Gran Cárcel Ciudad”, un complejo de entre 100.000 y 200.000 hectáreas con barrios organizados por nivel de peligrosidad, fábricas y centros de estudio enfocados en la verdadera resocialización de los reclusos.
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En Santander la iniciativa podría alinearse con los planes de la alcaldía de Bucaramanga, que desde hace dos años plantea un centro de detención transitorio.
“Estamos listos, ya presentamos proyectos a municipios y departamentos. Ojalá las autoridades de Santander y Bucaramanga escuchen este llamado, porque el país necesita soluciones urgentes frente al hacinamiento y a la crisis carcelaria”, concluyó Saavedra.
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Aproximadamente 11 mil guardas de seguridad trabajan con 15 empresas que presentan el servicio en Santander, confirmó el gremio.
