Acusación a Daniel Quintero tiene unas 4.000 pruebas
La Fiscalía radicó el escrito de acusación e hizo el descubrimiento de gran cantidad de pruebas documentales y testimoniales, en el caso Aguas Vivas.
Daniel Quintero. Foto: (Colprensa - Mariano Vimos)
Medellín, Antioquia
La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación de 144 páginas contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares, por su presunta participación en un entramado jurídico y administrativo para favorecer económicamente a privados con un lote de propiedad pública; documento que fue conocido en integridad por Caracol Radio.
El caso se centra en el predio conocido como Aguas Vivas, ubicado en la zona alta de El Poblado, y el presunto intento de revertir su cesión gratuita al municipio para facilitar un pago millonario de más de 40.500 millones de pesos.
El escrito, que ya está en manos del Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, detalla cerca de 4.000 pruebas que incluyen documentos, actas de reuniones, fotografías, conceptos técnicos, resoluciones, decretos, testimonios y denuncias de veedurías ciudadanas. Entre ellas, figuran las alertas emitidas por Todos por Medellín y por la administración distrital actual, que advertían sobre posibles irregularidades en el trámite.
Las pruebas clave: reuniones, decretos y advertencias ignoradas
La Fiscalía asegura que el exalcalde Daniel Quintero y su secretario general Fabio Andrés García Trujillo actuaron de manera coordinada para favorecer a tres particulares con la restitución del lote, ya cedido a título gratuito en 2019 como obligación urbanística. Según el ente acusador, la alcaldía intentó modificar la naturaleza del contrato a través de una conciliación prejudicial para pagar el predio con recursos públicos, en una suma cercana a los $40.509 millones.
Aunque la conciliación no prosperó, el entonces alcalde firmó el Decreto 412 de 2023, que modificó parcialmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y habría habilitado nuevos usos para el suelo, lo que permitió valorizar el lote hasta en un 2.000%.
Quintero habría desconocido sus deberes como alcalde, al suscribir actos administrativos que modificaron parcialmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín sin autorización del Concejo, y con ello favorecer económicamente a particulares.
Firmó un decreto clave para la Fiscalía
El acto específico que sustenta parte de la acusación es el Decreto 412 de 2023, firmado por Quintero, el cual modificaba las condiciones de uso del suelo del predio Aguas Vivas. Según la Fiscalía, este acto se expidió a pesar de advertencias legales previas que desaconsejaban dicha modificación sin aprobación del Concejo, lo que habría violado competencias constitucionales.
Además, el escrito señala que Daniel Quintero actuó en coautoría con su entonces secretario general, Fabio Andrés García Trujillo, para emitir los actos administrativos que, presuntamente, permitieron entregar el terreno a los particulares y habilitar su desarrollo urbanístico en condiciones que el POT vigente no permitía.
“Al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, los acusados estaban en capacidad de comprender la ilicitud de la conducta y tenían capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión”, señala el documento.
Acuerdo y desconocimiento de advertencias
Según la Fiscalía, la Alcaldía de Quintero habría recibido múltiples advertencias por medios jurídicos internos y externos que alertaban sobre la imposibilidad de modificar unilateralmente el POT, pero decidió ignorarlas.
La acusación señala que el exalcalde y los otros implicados se dividieron funciones y tareas para lograr la modificación de la naturaleza jurídica de un contrato de cesión gratuita, celebrado en 2019 y con ello justificar el pago millonario por parte del municipio.
La participación de los exsecretarios de Quintero
La Fiscalía señala que gran parte de los exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero están vinculados penalmente por su participación en el comité de conciliación que sesionó en varias ocasiones entre septiembre y noviembre de 2021, con el objetivo de revertir la cesión gratuita del predio Aguas Vivas y justificar un pago por más de $40.500 millones a los particulares que lo reclamaban. Según el ente acusador, en esas reuniones se omitieron conceptos jurídicos que advertían la ilegalidad del trámite y se persistió en la intención de reconocer derechos económicos sobre un bien que ya era propiedad del Distrito.
Entre las sesiones clave del comité están las del 16 de septiembre, 28 de octubre, 8 de noviembre y 18 de noviembre de 2021, en las cuales se expresaron abiertamente las intenciones de conciliar con los tenedores del predio, se desconocieron advertencias internas y se avaló el desembolso del millonario monto. La Fiscalía considera que esta actuación fue coordinada entre varios niveles de la administración distrital, incluyendo subsecretarías y dependencias jurídicas, con conocimiento y participación del entonces alcalde Quintero.
Para la Fiscalía, estas actuaciones no fueron errores administrativos, sino parte de un plan sistemático en el que los implicados “se dividieron funciones” para asegurar que el predio fuera valorizado, retirado del patrimonio público y luego adjudicado a los particulares. De esta forma, los exintegrantes del comité habrían actuado en concierto para facilitar un daño patrimonial a la ciudad y para beneficiar, de forma deliberada, a terceros.
Las pruebas incluyen las actas de cuatro reuniones del Comité de Conciliación de la Alcaldía:
- 16 de septiembre de 2021: se manifestó la disposición de conciliar y pagar el inmueble.
- 28 de octubre de 2021: se omitieron conceptos jurídicos que desaconsejaban la operación.
- 8 de noviembre de 2021: se ratificó el interés institucional de pagar el lote.
- 18 de noviembre de 2021: se formalizó la intención de desembolsar los más de 40 mil millones.
En esos encuentros, los funcionarios implicados habrían gestionado la reversión de la cesión gratuita formalizada en escritura pública, con el objetivo de entregar nuevamente el predio a los particulares y luego comprarlo a alto costo.
La Fiscalía afirma que las advertencias de ilegalidad fueron desatendidas por los acusados, quienes tenían plena capacidad para entender la ilicitud de sus actos y determinarse conforme a la ley. El ente acusador sostiene que hubo un acuerdo criminal común para apropiarse del predio público a través de maniobras jurídicas y administrativas, y que se vulneraron competencias del Concejo, que debía haber aprobado cualquier modificación al POT.
¿Quiénes son los implicados?
En total, son 13 las personas acusadas, incluyendo el exalcalde, nueve exfuncionarios y tres particulares, tenedores del lote:
Exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín:
- Daniel Quintero Calle – Exalcalde.
- Fabio Andrés García Trujillo – Exsecretario General.
- Ingrid Vanessa González Montoya – Exsecretaria de Gestión Humana.
- Yina Marcela Pedroza Gómez – Exsubsecretaria Legal de Movilidad.
- Carlos Mario Montoya Serna – Exsecretario de Gestión y Control Territorial.
- Karen Bibiana Delgado Manjarrés – Exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e).
- Sergio Andrés López Muñoz – Exdirector del Departamento Administrativo de Planeación.
- Natalia Andrea Jiménez Pérez – Exsubsecretaria de Ejecución Contractual.
- Alethia Carolina Arango Gil – Exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público.
- Leidy Jiménez Echavarría – Exsubsecretaria de Selección de Proveedores.
Particulares vinculados:
- Juan Diego de Jesús Moreno Barón
- José Fernando Rueda Salazar
- Juan Manuel Villegas Márquez
¿Qué delitos se les imputan?
Según el escrito de acusación, los delitos atribuidos —dependiendo del grado de participación— son:
- Peculado por apropiación
- Prevaricato por acción
- Interés indebido en la celebración de contratos
La Fiscalía considera que se dieron los elementos para demostrar responsabilidad penal en todos los casos, y que los funcionarios públicos actuaron de forma concertada para posibilitar una apropiación irregular de un predio que ya era patrimonio del Distrito de Medellín.
La reacción de Daniel Quintero y su defensa
El exalcalde Quintero respondió públicamente asegurando que demostrará en juicio que todo se trata de un montaje judicial:
“Se acabó la etapa de imputación en Aguas Vivas. Llegó la hora de mostrar las pruebas. Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia.”
Por su parte, uno de los abogados defensores, Santiago Trespalacios Carrasquilla anunció que ahora se abre el camino para pedir la nulidad del proceso:
“Celebro que por fin la Fiscalía haya presentado el escrito de acusación en el caso de Aguas Vivas. Esto habilita la oportunidad de la defensa de presentar la nulidad que ha querido sustentar y no ha podido. […] Lamento que la Fiscalía, en vez de las vías procesales, notifique a las partes por comunicados de prensa. Es su estilo: cree que el ruido compensa la falta de consistencia. Los venceremos en el juzgado.”
¿Qué sigue?
Con el escrito de acusación ya en manos del juez, se espera que en los próximos días se fije la fecha para la audiencia de formulación de acusación, en la que se definirá oficialmente la apertura del juicio. Si no prosperan las solicitudes de nulidad anunciadas por la defensa, el proceso avanzará hacia el juicio oral en el primer semestre de 2026.
