Crisis financiera y de gobernabilidad golpea a la Universidad de Antioquia
La segunda universidad pública más importante del país enfrenta un déficit superior a los $180 mil millones, vigilancia especial del Ministerio de Educación y una ruptura interna en su Consejo Superior Universitario.

Universidad de Antioquia. Foto: Twitter UdeA
Medellín, Antioquia
La Universidad de Antioquia atraviesa, quizás, la mayor crisis de su historia reciente. A la crítica situación financiera que provocó retrasos en la nómina y un millonario préstamo de emergencia, se suman hoy una vigilancia especial ordenada por el Ministerio de Educación y una profunda fractura de gobernabilidad en el seno de su Consejo Superior Universitario.
La crisis se hizo evidente a mediados de 2024, cuando la institución presentó retrasos reiterados en el pago a sus empleados, y aunque la universidad tiene el día sus pagos a la nómina, no hay claridad si el flujo de recursos será suficiente para cumplir con los compromisos a finales del año.
La posición del gobernador
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien es el presidente del Consejo Superior Universitario, señaló que parte del problema radica en la baja carga académica de los docentes de planta. Aseguró que algunos profesores llevan años en comisiones de doctorado, incluso en el exterior, sin retomar sus funciones, lo que aumentaría la presión presupuestal.
En respuesta, la Gobernación propuso un plan de contingencia que incluyó reducir la carga de la nómina mientras transfería recursos extraordinarios. Sin embargo, el déficit no cedió. A finales de 2024, la Universidad solo logró ponerse al día gracias a un crédito por $90 mil millones otorgado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).
“Invitamos, eso sí, a las directivas universitarias para que emprendan un compromiso real de austeridad que se vea representada, por ejemplo, en reducción de contratos de hora catedra, viajes viáticos y burocracia excesiva. Crecimos, hicimos una casa de tres pisos y ahora nos dicen que la tenemos que partir a la mitad y tenemos que reducir el presupuesto en 100 mil millones para el próximo año, que porque no hay forma de financiarlo. Eso no es viable, no es viable”, dijo en su momento el gobernador.
No obstante, según cifras conocidas por Caracol Radio y presentadas en el Consejo Superior Universitario, el déficit proyectado para 2025 asciende ya a $180 mil millones.
Ante esta posición, los docentes han sido estrictamente claros en que el problema financiero no se origina en esto, que son pocos los docentes en comisión y que aumentar la carga de catedra no entrega una solución estructural.
¿Qué originó el hueco financiero?
Desde el profesorado se ha planteado otra explicación. La docente María Isabel Duque, representante de ese estamento, sostiene que la Universidad emprendió una ambiciosa expansión regional sin que los recursos del Gobierno Nacional ni del Departamento se ajustaran a ese crecimiento.
Duque también rechazó la tesis del gobernador sobre la baja carga docente. Aseguró que son muy pocos los casos de profesores sin carga académica y que esa no es la raíz del problema.
“Es verdad que hay que modificar la ley 30, que hay que buscar otra fórmula para transferir recursos, que hay que incrementar los recursos hacia la educación superior con base en el PIB, eso es verdad, eso no lo podemos negar, pero eso no puede ocultar que internamente en la universidad también se dieron factores para que esta crisis se acrecentara, porque lo que pasa en la Universidad de Antioquia no es igual a lo que está pasando en la nacional, en la del Valle y en otras, la crisis de la universidad se agudizó. ¿Por qué la Universidad de Antioquia fue tan crítica y es tan crítica la situación? Porque la universidad tomó decisiones internas. La universidad que no tenía, no tiene como base una buena planeación estratégica financiera a futuro de proyección, decidió crecer desmedidamente, sabiendo que tenía una limitación en sus ingresos, que él la conocía, decidió crecer y expandirse y abrir sedes seccionales y aumentar, crear nuevos programas, hacer un programa muy ambicioso de regionalización, pero no tenía los soportes financieros suficientes, entonces cuando empezó a crecer de manera desmedida y los ingresos no crecían, empezó a tomar malas decisiones, endeudarse, vender sus activos, gastarse sus inversiones, gastarse la plata de las unidades académicas y cuando ya se le cerraron las opciones, empezó a aplazar los pagos a proveedores e incumplió los pagos a los empleados y ahí estalló la crisis y ahí nos dimos cuenta que la situación era muy crítica y que el hueco, el liquidez hoy es de casi 200 mil millones, 180 mil millones**”, le expresó a Caracol Radio la docente.
La expansión fue impulsada por el propio rector Jhon Jairo Arboleda, quien ocupó antes el cargo de director de Regionalización. Durante su gestión, la Universidad extendió su presencia a varios municipios del departamento, una política que hoy enfrenta el dilema de su sostenibilidad.
Arboleda, en los últimos meses, ha promovido recortes y medidas de austeridad, pero desde sectores del profesorado advierten que tales medidas no son viables sin cerrar programas descentralizados o incluso sedes completas.
Rector en crisis y bajo vigilancia del Ministerio
El rector ha intentado contener la crisis con un plan de mejoramiento que contempla siete líneas de acción. Reconoce que la institución gasta más de lo que recibe, y que existe una brecha estructural en la financiación. Según él, los recursos adicionales están condicionados a nuevos programas de expansión, no a cubrir gastos actuales.
“En términos generales, necesitamos una canasta de costos de educación superior ajustada a las realidades que tienen las universidades en el día de hoy. En el entretanto, lo que esperamos todas las universidades públicas, todas, es que los recursos se incrementen, no solamente en el IPC, eso se sigue haciendo desde la vigencia de la Ley 30, sino que se incrementen cinco puntos. Todo lo que esté por encima de cinco puntos o al menos cinco puntos nos va a posibilitar tener recursos para ir cerrando esa desfinanciación que se ha generado durante 32 años”, señaló el rector en un encuentro con docentes a mediados de agosto.
Pero la situación es aún más delicada, el Ministerio de Educación ordenó vigilancia especial a la Universidad, medida que ha sido cuestionada por sus directivos. Angielly Paola Martínez Ruiz, abogada especialista en gestión pública, fue designada como inspectora in situ, tras haber trabajado desde 2018 en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
A esto se suma el deterioro de la gobernabilidad. El rector Arboleda enfrenta la oposición de seis de los nueve miembros del Consejo Superior Universitario, incluidos el representante del Presidente, el Ministro de Educación, el Gobernador de Antioquia, y los voceros de egresados, exrectores y profesorado. Solo los representantes de decanos y del sector productivo le mantienen respaldo.
Este jueves, 11 de septiembre, se elegirá, por primera vez en 20 años, al representante estudiantil. Todo indica que también se sumará al bloque opositor, lo que dejaría al rector completamente aislado.
Pulso político por el control de la UdeA
Pese a la presión para que renuncie, Arboleda no se aparta del cargo. Según fuentes conocedoras, el Gobierno Nacional prefiere evitar una renuncia inmediata, pues en ese caso el rector encargado sería designado por el Gobernador, quien preside el Consejo.
En ese contexto, según fuentes de Caracol Radio, el Ministerio no desembolsaría recursos adicionales que salve a la Universidad hasta que se concrete una transición que garantice la gobernabilidad institucional. A su vez, la Gobernación tampoco asume nuevas transferencias mientras se mantiene a la espera de designar un nuevo rector.



