Garantías de retorno están en la ley, no puede haber negociación: Alcaldía sobre comunidades Embera

El pasado lunes 8 de septiembre inició el retorno de más de 600 familias Embera, cerca de 1.800 personas, desde los asentamientos de La Rioja, La Florida y el Parque Nacional hacia sus territorios en Risaralda y Chocó.

Esta operación, considerada la más grande en la historia reciente de Bogotá, cuenta con el acompañamiento de la Consejería de Paz y varias secretarías distritales para garantizar derechos y sostenibilidad.

Adicionalmente, se están destinando 1.800 millones de pesos en transferencias condicionadas, además de transporte, kits de alimentos y acompañamiento pedagógico, social y de salud, con especial atención a niñas, niños y adolescentes.

En esta coyuntura, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, estuvo en 6AM para abordar los problemas que afectan los procesos de retorno de estas comunidades.

¿Qué está solicitando la comunidad Embera?

En principio, Mercado dijo que se inició un proceso escalonado de retorno con el objetivo de consolidar el más grande en la historia reciente de Bogotá. Señaló que entre 1500 y 1600 personas manifestaron su intención de regresar desde los tres lugares de alojamiento.

También explicó que el lunes retornaron cerca de 500 personas del Parque Nacional, pero un grupo de 100, liderado por un vocero, rechazó abordar los buses, argumentando que las garantías eran insuficientes.

Asimismo, añadió que dicho vocero exigió 25 millones de pesos, petición rechazada por el Distrito, recordando que las garantías están definidas por la ley.

“El día de ayer radicamos una denuncia no solamente por la obstrucción a los servicios de los niños y las niñas, porque naturalmente se dijo que no podían ir los niños a los colegios ni a los servicios de integración social, sino adicionalmente por extorsión y constreñimiento”, agregó.

¿El ICBF podría tomar la protección de los menores?

La consejera afirmó que en Bogotá no aplica la jurisdicción indígena en ninguno de los asentamientos como el Parque Nacional, La Rioja o La Florida, ya que la Corte Constitucional exige un territorio colectivo para que se configure y esto no ocurre en esos casos.

Además, agregó que las supuestas autoridades no están reconocidas por el Ministerio del Interior, por lo que no tienen legitimidad.

Del mismo modo, explicó que el Distrito pidió al ICBF intervenir por la presencia de niños y ofreció tres alternativas transitorias de alojamiento, pero el vocero de ese grupo rechazó todas las medidas propuestas.

“Toca que el ICBF actúe y haga la valoración de si aplicaría un procedimiento de restablecimiento administrativo de derechos para estos menores”, añadió.

¿Qué pasará con las personas que no decidan retornar?

Por su parte, Mercado expresó que la Alcaldía busca cambiar el modelo de operación, cerrando de manera gradual los alojamientos especiales como La Rioja y La Florida, ya que generan incentivos perversos para la llegada de personas con otros intereses.

Acto seguido, explicó que en el proceso de retorno de La Rioja se espera que de unas 600 personas, alrededor de 570 regresen a sus territorios.

“Tenemos una ruta lista que tiene un enfoque diferencial, pensado exclusivamente para víctimas del conflicto armado con pertenencia étnica, pero que es individual”, dijo.

Finalmente, la consejera sostuvo que las personas que decidan quedarse en Bogotá lo harán bajo integración local o reubicación, con acompañamiento distrital y de otras entidades para su estabilización socioeconómica. Concluyó que la integración local no puede ser colectiva y será individual.