Congresista risaraldense denuncia presuntas irregularidades en la UNGRD por ‘Ollas Comunitarias’

La investigación que la congresista Carolina Giraldo está realizando tiene que ver con la ejecución presupuestal de la UNGRD en el Eje Cafetero entre 2018 y 2024 y con la poca información que le han brindado ha podido darse cuenta de varias irregularidades.

En octubre de 2023, la UNGRD, bajo la dirección de Olmedo López, actualmente investigado por corrupción, anunció la ejecución del programa de ‘ollas comunitarias en ocho municipios de Risaralda, replicando lo que ya había hecho en departamentos como La Guajira, Córdoba y Santander.

El objetivo era entregar cerca de 685 mil raciones de alimentos a 7.611 personas, con una inversión superior a los $6.000 millones de pesos; sin embargo, solo se ejecutaron $3.533 millones, se entregaron 412.650 raciones y se atendieron apenas 4.490 personas, lo que significa que 3.121 personas se quedaron sin recibir la atención prometida.

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Según la Congresista, es especialmente preocupante el caso del municipio de Mistrató, donde se concentraba ese 41 % de la población afectada por la ola invernal en comunidades indígenas. Allí, la ejecución fue cancelada por supuestos problemas de accesibilidad, identificados solo después de firmado el contrato.

La Representante también cuestionó que varias de las ollas comunitarias fueran ubicadas en zonas urbanas de Pereira, como el barrio Salamanca. Si bien allí, también reside población que puede requerir otro tipo de programas sociales, este no era el caso del plan dirigido a los damnificados por la ola invernal de 2022. Esta decisión desvió la asistencia y limitó que los alimentos llegaran a quienes sí resultaron directamente afectados por la emergencia.

Carolina Giraldo, representante a la Cámara por Risaralda

“Caminarán hasta 10 horas al día por un solo plato de comida, por pésima planeación. No se entregaron más de 280 mil raciones. ¿Qué pasó con los 2.500 millones de pesos? Mistrató fue excluido del proyecto, mientras se entregó comida en barrios de Pereira no afectados. En Pueblo Rico sí se llegó a comunidades indígenas. Se solicitó información oficial del contrato, pero tras cinco meses y una tutela, omitieron los soportes financieros”, agregó Giraldo.

Otro aspecto grave es que el contrato fue adjudicado a FRESCAMPO S.A.S., empresa que tiene una investigación penal abierta por presunto peculado en un contrato similar firmado en 2020. En dicho contrato, ejecutado durante la pandemia con la Gobernación de Risaralda, habrían desaparecido más de 11.000 paquetes de alimentos.

“El contrato fue firmado con FRESCAMPO S.AS., empresa con cuestionamientos previos por la posible desaparición de más de 11.000 paquetes de alimentos en 2020. Hoy está siendo investigada por la Fiscalía. Es otra olla podrida de la Unidad de Gestión del Riesgo. Esta denuncia será llevada a la Fiscalía y órganos de control para que se conozca toda la verdad”, comentó la congresista.

Finalmente, Carolina Giraldo hizo un llamado urgente a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para que investiguen estos hechos, sancionen a los responsables y se garantice la recuperación de los recursos públicos.

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