Defensorías de Colombia, Panamá y Costa Rica alertan por riesgos en la migración inversa

Las restricciones de tránsito en la Selva del Darién, Panamá, junto con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos provocaron una reducción del 97% en el paso irregular hacia el norte entre enero y agosto de este 2025. Sin embargo, en ese mismo periodo se ha registrado un aumento significativo de migración inversa del norte hacia el sur, con más de 14.000 personas retornando desde México y Estados Unidos. Esta dinámica se ve agravada por la suspensión de fondos de cooperación, lo que ha limitado la asistencia humanitaria y ampliado los vacíos de protección en las rutas migratorias.

Las Defensorías del Pueblo de Colombia, Panamá y Costa Rica, con apoyo de la ONU Derechos humanos, elaboraron un informe que evidencia las graves violaciones de derechos que enfrentar las personas migrantes que deciden emprender el viaje de regreso con mayores riesgos de violencia, incluida la violencia basada en género, trata, tráfico ilícito y discriminación. Se estima que un alto porcentaje de las personas en migración inversa quedan varadas por largos periodos, en búsqueda de recursos financieros para continuar su trayecto, lo que incrementa su exposición a situaciones de explotación y abuso.

En total se realizaron 182 entrevistas para evidenciar estas situaciones que enfrentar la población migrante. De ellas 24 entrevistas fueron en Costa Rica, 67 en Panamá y 91 en Colombia lo que les permitió tener un panorama más amplio sobre rutas, costos asociados, motivos del retorno, experiencias de violencia, necesidades de protección, acceso a información y a los sistemas de protección internacional, y acceso a la justicia.

Los motivos del retorno de los migrantes

El retorno forzado está relacionado principalmente con el cambio de la política migratoria de Estados Unidos (46%), vinculado también a la imposibilidad de ingresar al país (49%), el temor a ser detenido o deportado (17%) y el agotamiento de recursos para continuar el viaje (34%). La inseguridad, violencia, secuestros y otros abusos sufridos en el tránsito migratorio también ha incidido en los motivos de retorno de esta población (27%), así como la falta de accesos a servicios y asistencia en el tránsito (4%).

El monitoreo realizado permitió constatar el alto grado de control de la migración inversa por las redes de tráfico de personas que operan entre Costa Rica, Panamá y Colombia, quienes cobran distintos “paquetes” y tarifas a las personas para poder retornar a sus países.

Problemas de los migrantes para acceder a la justicia y protección internacional

Durante el monitoreo no se conoció de medidas específicas en los tres países: Colombia, Panamá y Costa Rica para investigar las redes de tráfico y garantizar el acceso a la justicia para las migrantes víctimas de violencia y abusos.

Los testimonios obtenidos por estas instituciones de Derechos Humanos reflejaron varias situaciones de violencia enfrentadas por esta población, con especial énfasis en abusos físicos, extorsiones, detenciones arbitrarias y violencia sexual, particularmente durante su paso por Guatemala y México. También se observó un patrón de desinformación y desprotección institucional, lo que refuerza la necesidad de mecanismos regionales eficaces de prevención, protección y reparación.

Preocupa que en Panamá (76%), Colombia (75%) y Costa Rica (42%), las personas que expresaron haber sufrido algún tipo de violencia y abuso no denunciaron los hechos debido a la falta de información sobre sus derechos y la falta de instituciones a donde acudir.

Con diferencia de Costa Rica, en Panamá y Colombia, la mayoría de las personas migrantes entrevistadas no recibieron información sobre protección internacional. Se ha identificado un patrón en los tres países relacionado con la falta de autoridades nacionales encargadas de la protección de los refugiados en los puntos fronterizos y en las rutas que utilizan las personas.

Recomendaciones conjuntas

Realizado este informe por parte de las Defensorías del Pueblo de Colombia, Panamá y Costa Rica plantean estas recomendaciones que buscan proteger los derechos de las personas migrantes.

• Adoptar un abordaje integral a la migración, lo que requiere cooperación regional, interinstitucional e interseccional, con especial énfasis en los mecanismos coordinados de protección en el contexto del creciente movimiento inverso.
• Crear un plan de acción de coordinación interestatal entre Costa Rica, Panamá y Colombia para el monitoreo conjunto del movimiento migratorio inverso y la articulación de respuestas humanitarias eficaces, garantizando el acceso gratuito a servicios esenciales.
• Desarrollar estrategias integrales de atención psicosocial en puntos de tránsito y acogida, incluyendo presencia de personal capacitado en salud mental y fortalecimiento de servicios especializados para NNA, personas LGBTIQ+, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores migrantes.
• Implementar mecanismos de acceso a información clara, oportuna y multilingüe sobre opciones de protección internacional, regularización y retorno seguro.
• Facilitar la movilidad segura mediante documentación adecuada y mecanismos que respalden el tránsito sin obstáculos arbitrarios, fortaleciendo también coordinación consular.
• Ampliar vías de ingreso regular y mecanismos de regularización migratoria, garantizando que sean accesibles, asequibles y alineados con los estándares internacionales, como los establecidos en la Declaración de Cartagena.
• Desarrollar un protocolo regional para la atención de niñez y adolescencia no acompañada, en el marco de la Alerta Binacional emitida por las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá.
• Establecer mecanismos de fiscalización trinacional de grupos privados/empresas que ofrecen servicios de transporte a personas migrantes, para prevenir abusos y garantizar que su actuación se ajuste a la legalidad y garantice condiciones seguras.
• Establecer mecanismo de acceso de todos los migrantes en tránsito a la justicia en casos de vulneración de sus derechos, ya sean infligidos por funcionarios públicos o por particulares, grupos
• Impulsar la interoperabilidad de datos y coordinación trinacional, mediante canales formales y operativos que permitan anticipar llegadas, emitir alertas tempranas y garantizar presencia institucional.
• Promover análisis regionales coordinados sobre riesgos y necesidades de protección, basados en evidencia actualizada, como base para diseñar respuestas humanitarias eficaces y contextualizadas.
• Asegurar que las instituciones de Derechos Humanos cuenten con recursos suficientes para continuar el monitoreo, ampliar su alcance regional y generar datos conjuntos que fortalezcan la incidencia en políticas públicas.