En el limbo los campesinos beneficiados con tierras del Ñeñe Hernández
Sala de Justicia y Paz de Barranquilla declaró ilegal el traspaso de la finca “La América” a la Agencia Nacional de Tierras.
Foto: cortesía Agencia Nacional de Tierras
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de su Sala Penal de Justicia y Paz, declaró ilegal la transferencia de la finca La América, ubicada en Chimichagua, Cesar, efectuada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante la Resolución 158 del 30 de enero de 2025.
La decisión surge en el marco del proceso de medidas cautelares impuestas en 2023, cuando se embargó, secuestró y suspendió el poder dispositivo del predio por sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Durante las audiencias de seguimiento, la Fiscalía, el Ministerio Público y los representantes de las víctimas coincidieron en que la negociación carecía de validez al no contar con autorización judicial previa, requisito indispensable para disponer de bienes cautelados en procesos de Justicia y Paz. Además, cuestionaron que el inmueble se vendiera en 16.700 millones de pesos, pese a que un avalúo anterior lo estimaba en más de 26.000 millones, generando un presunto detrimento para las víctimas.
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Por su parte, la Unidad para la Atención de Victimas y la ANT defendieron la transacción alegando que se amparaba en la Ley 2294 de 2023, que permitía la adquisición directa de predios rurales por parte de la Agencia. Sin embargo, la Procuraduría advirtió que el artículo invocado había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional, dejando sin sustento la operación.
La decisión del Tribunal
El tribunal concluyó que la Unidad de Victimas, en calidad de simple administrador del bien, no tenía competencia para enajenarlo. En su fallo, recordó que la legislación colombiana prohíbe la venta de bienes embargados sin autorización judicial y que solo es posible disponer de ellos cuando exista riesgo de ruina, deterioro o imposibilidad de administración, circunstancias que no se acreditaron en este caso.
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En consecuencia, el Tribunal declaró la nulidad de la compraventa y ordenó mantener vigentes las medidas cautelares sobre el predio, garantizando que este siga vinculado al proceso judicial de reparación a las víctimas del conflicto armado.
Futuro de los campesinos beneficiados
En el fallo del Tribunal Superior de Barranquilla no se abordó directamente la situación de los campesinos que recibieron tierras de la finca La América a través de la Agencia Nacional de Tierras.
Lo que sí dejó claro la Sala de Justicia y Paz es que la venta es nula y el predio debe seguir bajo medidas cautelares, vinculado al proceso de reparación de víctimas del conflicto armado.
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Los campesinos beneficiados podrían quedar en una situación de inseguridad jurídica, ya que la entrega que recibieron no tiene sustento legal.
El Tribunal enfatizó que la administración del bien corresponde a la Unidad para las Victimas bajo control judicial, por lo que cualquier destinación del predio debe pasar primero por la justicia transicional.
Corresponderá ahora a la ANT, la UARIV y los jueces de Justicia y Paz definir si los campesinos pueden permanecer en la tierra como poseedores temporales hasta que haya una decisión definitiva, o si deben ser reubicados en otros predios.
