Denuncian interceptaciones de la Fiscalía al gobernador de Antioquia y otros funcionarios
Las interceptaciones habrían ocurrido entre mayo y julio de este año, durante 71 días, en el marco de un proceso por presuntas irregularidades en contratación cuando Rendón fue alcalde de Rionegro.
Andrés Julián Rendón | Foto: Gobernación de Antioquia
Medellín, Antioquia
El Centro Democrático se pronunció frente a la denuncia publicada por medios locales, según la cual la Fiscalía General de la Nación habría interceptado ilegalmente el celular del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
De acuerdo con lo revelado, y según una audiencia de legalización del 23 de julio, las interceptaciones habrían ocurrido entre mayo y julio de este año, durante 71 días, en el marco de un proceso por presuntas irregularidades en contratación cuando Rendón fue alcalde de Rionegro. Las interceptaciones se habrían ejecutado contra al menos 10 personas, entre funcionarios del gabinete, exfuncionarios de esa alcaldía y excontratistas.
En un comunicado, el partido calificó este hecho como un grave caso de persecución judicial contra el gobernador. Según la colectividad, las instituciones están siendo utilizadas como herramientas de intimidación política, y recordaron que incluso la magistrada Marcela Márquez, del Tribunal Superior de Bogotá, cuestionó la legalidad de las interceptaciones al señalar que no estaban soportadas.
El Centro Democrático reiteró su respaldo total al gobernador de Antioquia y denunció que este tipo de actuaciones buscan acallar la voz de la oposición y de quienes ejercen control político.
Desde el primero de julio, el gobernador había anunciado la presentación de una recusación formal contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, argumentando falta de imparcialidad y una presunta persecución política en su contra, relacionada con esta investigación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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La polémica se desató tras una declaración de la fiscal, el pasado 24 de junio en Medellín, en la que aseguró en rueda de prensa que Rendón ya había sido imputado, sin embargo, el proceso apenas estaba en indagatoria.
La investigación que involucra al gobernador se remonta a su paso por la Alcaldía de Rionegro donde fue mandatario entre 2016 y 2019, cuando, según la Fiscalía, se habrían presentado irregularidades en la construcción de dos CAI. El proceso está relacionado con un presunto detrimento patrimonial superior a los 1.200 millones de pesos, por la construcción en terrenos que estaban destinados para otros usos y sin aval técnico de la Policía Nacional que demuestre que eran necesarios.
