Las polémicas del agente interventor de la ESE UNA: entre investigaciones y sanciones
Fredys Socarrás Reales deberá presentar un plan de trabajo de la intervención a la Supersalud en 30 días.
Fredys Socarrás. Foto: Colprensa(Thot)
La Superintendencia Nacional de Salud anunció que el agente interventor de la ESE Universitaria del Atlántico será Fredys Socarrás Reales, quien fungió como alcalde de Valledupar entre los años 2012 y 2015. Su primera tarea será presentar un informe de la intervención durante los próximos 30 días.
“Profesional con una amplia trayectoria y experiencia en el sector salud”, así se expresó la Supersalud de Fredys Socarrás Reales. Asimismo, se ha separado a la actual gerente de su cargo, y la remoción de la junta directiva.
¿Cuáles son las polémicas del agente interventor de la ESE UNA?
Entre algunas polémicas conocidas de Fredys Socarrás Reales está la más reciente, que es la formulación de pliego de cargos que le hizo la Procuraduría por haber, al parecer, celebrado un contrato de transacción sin el aval del comité conciliador de la entidad territorial.
“El investigado firmó un acuerdo con la Unión Temporal Amoblamiento Urbano de Valledupar para poner fin al proceso administrativo que se adelantaba en el Tribunal Administrativo del Cesar por $ 18.000 millones, sin presentarlo previamente al Comité de Conciliación para su análisis y aprobación. En esta negociación la administración municipal se comprometió a pagar $ 3.909.095.776 y las partes se obligaban a desistir mutuamente de sus pretensiones en el proceso judicial”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
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Investigaciones en la Fiscalía
En julio de 2021, la Fiscalía lo acusó por presuntas irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar en el Cesar. Según se conoció, la investigación se da por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En enero de ese mismo año, había sido suspendido por cinco meses por la Procuraduría por presuntas irregularidades en un contrato para adquisición de mobiliario para aulas escolares en varios colegios de Valledupar.
En febrero del 2020 fue acusado por el delito de peculado por apropiación agravado, por el conocido proceso en su contra por la venta de siete lotes del Parque Industrial por un valor menor al real, lo que se habría generado un detrimento a la Alcaldía de Valledupar por más de $1.500 millones.
