Informe PARES 2025: Seguridad en Colombia se mantiene estancada durante el gobierno Petro
El informe de la Fundación Paz y Reconciliación, muestra que la extorsión, el cibercrimen y la violencia, han sido los principales retos.
Fotografía del 29 de octubre de 2024 de personas durante una movilización en contra de la violencia en Cúcuta (Colombia).EFE/ Mario Caicedo ARCHIVO / Mario Caicedo (EFE)
La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) presentó un análisis preliminar de su informe anual sobre el estado de la paz y la seguridad en Colombia, en el cual se muestran los principales indicadores durante los primeros tres años del gobierno de Gustavo Petro.
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Este documento ofrece un panorama de logros y desafíos en la política de seguridad, a propósito de la implementación parcial de la estrategia de “paz total” y el repunte de acciones violentas en 2025.
En el capítulo dedicado a seguridad ciudadana, el informe reconoce que durante los primeros tres años del gobierno del presidente Gustavo Petro se ha logrado una contención relativa de los homicidios, así como reducciones sostenidas en indicadores como violencia intrafamiliar, delitos sexuales, hurtos y asesinatos de líderes sociales.
Uno de los hallazgos centrales del informe es la estabilidad de los homicidios intencionales en niveles altos. En contraste con la reducción sostenida registrada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que pasó de 14.871 homicidios en 2010 a 11.957 en 2017, la gestión de Petro ha mantenido una “meseta crítica”, según afirman en el documento.
El mandatario recibió el país con 13.540 casos en 2022, cifra que apenas varió en 2023 (13.555) y 2024 (13.497).
Delitos de alto impacto: avances, retrocesos y alertas
En cuanto a otros indicadores, el informe habla de reducciones sostenidas en violencia intrafamiliar, delitos sexuales, hurtos y asesinatos de líderes sociales. No obstante, estos avances coexisten con tendencias preocupantes, como el crecimiento de la extorsión, el auge del crimen digital, el cual ha aumentado hasta duplicar sus niveles en los últimos años y el aumento de delitos contra miembros de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta que en los últimos meses, se han presentado casos como el Plan Pistola en el cual fallecieron al menos 28 uniformados.
La confianza institucional también ha caído, afectando la denuncia de delitos como violencia de género y extorsión. Ciudades como Medellín, Barranquilla y Bogotá presentan signos de cooptación de canales de reporte ciudadano por parte de estructuras criminales que se están sofisticando.
Además, el balance territorial sigue siendo negativo. A partir de 2024, con la ruptura parcial de los diálogos con grupos armados ilegales, se evidenció un recrudecimiento del conflicto.
Entre enero y junio de 2025, aumentaron los actos de terrorismo, secuestros, asesinatos selectivos y trata de personas, en medio de un contexto de ofensiva armada por parte de organizaciones criminales.
Fuerza Pública: actividad operativa sin estrategia clara
El informe también señala que, si bien las incautaciones de drogas y maquinaria ilegal han aumentado, la Fuerza Pública opera bajo una lógica predominantemente, enfocándose en la reacción a los ataques y no en la ofensiva.
Las bajas y heridos en operativos aumentaron, sin que exista una renovación de estrategias o una técnica funcional que permita una acción más estratégica y menos costosa en vidas humanas.
Pese a algunos resultados positivos en entornos urbanos, como la reducción de hurtos a comercio y violencia intrafamiliar, la extorsión y el crimen organizado continúan avanzando, adaptándose y desafiando al Estado en nuevos frentes, como el cibercrimen y la economía ilegal regional.
En conclusión, para PARES, el gobierno Petro no ha fracasado en materia de seguridad, pero tampoco ha logrado transformar de manera positiva el panorama.
Se han implementado acciones con impacto en ciertas áreas, pero la ausencia de una política integral, con enfoque territorial, articulación institucional y legitimidad sostenida, limita la eficacia del modelo actual.
Habla además, de los cambios que ha tenido el gobierno a corte del 31 de julio de 2025, donde el presidente Gustavo Petro ha nombrado un total de 54 ministros, 18 secretarios de Departamento Administrativo, 7 consejeros presidenciales y 13 directores de departamentos administrativos. Entre ellos dos cambios en la cúpula militar y dos ministros de Defensa.
“Esta alta rotación evidencia uno de los rasgos estructurales de su mandato: la inestabilidad sostenida en el equipo de gobierno, tanto en cargos de primer nivel como en la estructura directiva de las entidades”, afirma el documento.
La Fundación invita a consultar su informe completo de Balance de la Paz Total a 2025, donde se amplía el análisis sobre avances en los procesos de diálogo y los retos pendientes en general del gobierno de Gustavo Petro.
