Una funcionaria de la Unidad para las Víctimas, habría sido amenazada por el ELN en Pueblo Rico

Manifestaron desde La Unidad para las Víctimas, que el miércoles 21 de mayo, la funcionaria alertó sobre una videollamada en la que hombres con el rostro cubierto y que se identificaron como miembros del ELN, se comunicaron con su esposo a quien le indicaron que ella tenía 12 horas para abandonar el municipio o, de lo contrario, “su vida correría riesgo”.

Confirmó Katherine García Ochoa, directora territorial de la entidad en el Eje Cafetero, que de inmediato activaron la ruta de atención prioritaria, poniendo este hecho en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la Alcaldía.

Desde la Unidad de Víctimas manifestaron su preocupación debido a la presencia de estas estructuras armadas en límites con el Chocó y que estarían afectando la tranquilidad y seguridad de los habitantes del municipio de Pueblo Rico.

“El trabajo de la Unidad para las Víctimas se desarrolla y se materializa en los territorios, en aquellos lugares distantes de las ciudades capitales donde se concentran un número importante de víctimas y por eso es tan importante que nuestros colaboradores tengan todas las garantías de seguridad para desarrollar su trabajo que es finalmente la posibilidad de garantizar derechos y un goce efectivo de los mismos, por eso rechazamos los hechos ocurridos en contra de la funcionaria, hechos que son muy lamentables y reprochables, sea del actor que vengan, un actor armado, un grupo de delincuencia, porque afecta un núcleo familiar y afecta la intervención de una entidad también en el territorio, por eso manifestamos también de manera especial nuestra solidaridad con la colaboradora y hacemos un llamado también al activar los mecanismos de protección, de acompañamiento, para que este tipo de situaciones puedan ser atendidas y se generen todas las garantías para investigar y sancionar, por supuesto, a los responsables”, indicó García.

Según las primeras investigaciones adelantadas por la Sijín, la amenaza correspondía a una modalidad delictiva asociada a llamadas extorsivas, por lo que, desde la Unidad, hicieron un llamado al respeto de los funcionarios y contratistas que prestan atención en los territorios a las víctimas del conflicto y a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.