Recta final proceso de nulidad electoral contra alcalde de Tunja: partes presentan alegatos finales
El debate gira en torno a un contrato de prestación de servicios por $8 millones y su posible incidencia en la contienda electoral
Sección Quinta del Consejo de Estado avanza la segunda instancia del proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Tunja
Tunja
Ante la Sección Quinta del Consejo de Estado avanza la segunda instancia del proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión en una audiencia que se perfila como decisiva en este litigio que cuestiona la validez de su elección.
El abogado Marco Antonio Palma, representante de la parte demandante, cuestionó las maniobras jurídicas del abogado del alcalde, señalando que esta pretende revivir etapas ya cerradas del proceso, solicitando la práctica de pruebas extemporáneas que no fueron aportadas en la primera instancia. Además, advirtió sobre el uso de argumentos “subjetivos y sin sustento jurídico”, dijo.
Entre los precedentes jurídicos citados por la parte demandante se encuentran las sentencias de 2019 0084 de 2020 del Consejo de Estado, en que fijan criterio sobre las competencias de los alcaldes en la contratación y las consecuencias de incurrir en inhabilidades. Palma insistió en que la defensa del alcalde no ha logrado desmentir, con pruebas pertinentes, que comprueben los hechos y argumentos que sustenta la demanda.
“El señor Krasnov nunca presentó pruebas que refuten ni las pretensiones ni las pruebas documentales aportadas. Tampoco logró contradecir las que fueron decretadas de oficio por el Tribunal Administrativo de Boyacá”, afirmó el abogado, quien además solicitó que se confirme y amplíe la sentencia de primera instancia, emitida el 27 de febrero de 2025, que declaró la nulidad de la elección.
¿Qué dijo la defensa del alcalde de Tunja?
En sentido contrario, el abogado Gonzalo Ramos Rojas, defensor del alcalde Krasnov, sostuvo que no existe prueba alguna que demuestre desequilibrio electoral derivado del contrato cuestionado, suscrito por su defendido para prestar servicios como docente universitario durante 25 días, con un valor de $8.129.040.
Ramos aseguró que ni el actor ni el tribunal han demostrado que dicho contrato favoreciera al alcalde o afectara la igualdad entre candidatos. “No hay prueba directa ni siquiera indicios que permitan concluir que el contrato fue utilizado para obtener ventajas políticas o electorales indebidas”, afirmó.
El defensor argumentó que tampoco se ha probado que el contrato haya tenido un impacto significativo sobre la voluntad de los electores, ni que generara una posición privilegiada en términos económicos para el candidato. “No se puede construir una inhabilidad con base en presunciones sin prueba ni motivación. Eso vulnera las reglas de la sana crítica”, puntualizó.
Ambas partes esperan el fallo definitivo del Consejo de Estado que resolverá, en segunda instancia, si se mantiene o no la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja, y con ello, el rumbo político de la capital boyacense.
