Oposición de la Asamblea de Boyacá cuestiona el cambio de destinación de recursos del empréstito

Tunja

El líder de la oposición en la Asamblea de Boyacá, el diputado Rodrigo Rojas, está advirtiendo que el proyecto de ordenanza 019 del 2025, radicado por el Gobierno Departamental para cambiar la destinación de recursos que ya se habían apropiado para vías que conectan al departamento de Boyacá con Santander y con Arauca, no especifica en qué se usarán ahora los cerca de $ 60 mil millones que habían sido aprobados en el 2024 para las días Duitama-Charalá y Belén-Sácama-La Cabuya

«Proyectos que ni siquiera están en fase 3 como lo exige legalmente un proyecto de este tipo, para modificar el nefasto endeudamiento que hizo el gobierno Amaya. Además preocupa la incoherencia del gobernador, ya que una de las principales justificaciones que tuvo para el endeudamiento de $ 230 mil millones en los que endeudó a los boyacenses por más de 12 años, era precisamente cumplir de una vez por todas, después de seis años, los compromisos con el Pacto Territorial Bicentenario que venían incumpliendo desde la Gobernación de Boyacá y ahora lo que vemos es que quieren convertir estos recursos en plata de bolsillo y ojalá no sea como lo han venido advirtiendo distintos actores, simplemente para hacer una contratación a través de esa nefasta empresa Tierra Sua valiendo la Ley 80 de 1993», expuso el diputado Rojas en Caracol Radio.

Dice que su preocupación es por varios aspectos, muchos de ellos del incumplimiento de requisitos técnicos, legales, financieros y de falta de planeación.

Al indagarle qué explica este cambio en la destinación de los $ 60 mil millones, Rodrigo Rojas indicó que «lo que deja ver la exposición de motivos del proyecto, es simplemente intereses políticos y tal vez otros intereses del Gobierno Departamental y del señor gobernador. Le acaba de quitar $ 40 mil millones a la vía Duitama-Charalá, que iban en el propósito de cumplir un sueño que hemos tenido los duitamenses por años y es por fin tener ese corredor que conecte a Duitama y al departamento de Boyacá con el departamento de Santander mucho más rápido, pero además a su propia provincia quitándole cerca de $ 23 mil millones a la provincia de Valderrama, para cumplir ese sueño también de todos los paisanos de esta provincia, de conectar el departamento con el departamento de Arauca».

También enfatizó que las justificaciones que están dando en ese proyecto de ordenanza, pareciesen erróneas porque argumentan que faltan algunos requisitos pero que eso pondría en evidencia que no se dieron cuenta de eso, cuando se incluyeron los proyectos en el empréstito: «pero hablan de que no están proyectos de fase 3, pero los que han incluido para su modificación apenas están en perfil, ni siquiera cumplen el requisito de estar en fase 3 para que puedan ser ejecutados, entonces lo que demuestra es una falta de priorización y, la verdad, es un movimiento meramente de intereses políticos y tal vez de otro tipo de intereses del Gobierno Departamental».

Por eso, su advertencia del cambio de destinación de estos recursos es que ni siquiera definen a dónde irán, porque según ha podido estudiar con su equipo de trabajo, un proyecto o un cupo de endeudamiento debe tener definidos los proyectos puntuales en los cuales se va a intervenir, con todo su perfil, pero además que estén en fase 3, «y lo que vemos ahí es simplemente un anuncio de que se intervendrán algunas vías en el departamento, pero ni siquiera tienen definidas cuáles ni cómo se intervendrán estas vías».

Hoy martes 24 de junio, a partir de las 4 p.m., se dará el último debate a este proyecto de ordenanza que presenta el Gobierno Departamental para modificar el endeudamiento de los $ 230 mil millones.

«Ahí expondremos cómo el Gobierno Departamental, desde el 2019, ha incumplido sus compromisos con el Pacto Territorial Bicentenario, cómo hay varios argumentos técnicos financieros y jurídicos que hacen de este proyecto evidentemente ilegal y que no podría dar curso en la Asamblea de Boyacá, pero lo más preocupante es que no entendemos cómo priman los intereses políticos del señor gobernador y no el bienestar de los boyacenses», es el cuestionamiento del diputado.

Por otra parte, cuando se declaró la calamidad pública en el departamento el 24 de mayo del 2025, el gobernador Carlos Amaya indicó que iba a pedirle a la Asamblea de Boyacá el cambio de destinación de algunos recursos del empréstito para recuperación de puentes, pero en este proyecto de ordenanza no aparece algo al respecto. «Ni siquiera hablan de vías ni proyectos puntuales, mucho menos hacen referencia que sean destinados a la prevención y atención de desastres en el departamento. Simple y llanamente dicen que se intervendrá en obras de infraestructura vial, pero no nos han podido ni siquiera decir que esto se trata de mantenimiento de obra nueva o de reparcheo, porque infortunadamente creo, y de acuerdo a las disposiciones y motivos, no cuentan ni siquiera con los proyectos en fase 3, simplemente tienen un perfil de proyectos, pero no han definido ni dónde se invertirán ni de qué manera se invertirán puntualmente estos recursos», concluyó el diputado del Partido Liberal.