Gremio de construcción pide a Corte Constitucional que revise si el decreto de Consulta Popular se ajusta a la ley
La oposición ha señalado que presentarán demandas y todas las medidas necesarias en contra del decreto.

El presidente Petro firmó el decreto que convoca a la consulta popular. Foto: suministrada.
Camacol, gremio del sector de la construcción, se pronunció tras la publicación del decreto que convoca a la Consulta Popular y, de esta forma, señalaron que el documento requiere un juicioso estudio por parte de la Corte Constitucional.
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Ahora bien, recordemos que el presidente Gustavo Petro anunció el pasado 11 de junio por medio de su perfil de X (antes Twitter) que firmó el decreto con el que busca convocar una consulta popular relacionada con la reforma laboral. Este anuncio aparece luego de que la plenaria del Senado hundiera dicha iniciativa. De convocarse este mecanismo, los colombianos tendría que salir a votar el próximo 7 de agosto de este 2025.
Con este panorama, desde varios sectores económicos y políticos han rechazado la postura del Gobierno, ya que ven incongruente que se busque impulsar la consulta popular, pese a que el Senado dio voto negativo.
El más reciente pronunciamiento fue de Camacol, quienes señalaron que convocarla sin la autorización del Congreso de la República vulneraría el orden constitucional, así como atentaría contra la estabilidad institucional del país.
En ese sentido, el gremio hizo un llamado para que se actúe conforme a lo que dispone la Constitución y las leyes, pero también se acaten los pronunciamientos del Congreso. “Desde Camacol hacemos un llamado a preservar la legalidad y respetar las decisiones del Legislativo. ¡La democracia no se construye con atajos!"
Por otro lado, hicieron también un llamado a la Corte Constitucional para estudien el decreto. “Hacemos un llamado a la Corte Constitucional y a la Rama Judicial en su conjunto a garantizar que las decisiones de Estado se ajusten al marco legal vigente.”
Finalmente, indicaron que es necesario proteger la institucionalidad, ya que esto implica también “proteger los derechos de todos los ciudadanos”




