Campesinos de Ecuador denuncian despojo de tierras por “maniobras de jueces corruptos”

Campesinos de una localidad costera de Ecuador se reunieron en Quito frente a la sede de la Corte Constitucional para reclamar justicia contra el “despojo de tierra” de 639 hectáreas de terreno, que denuncian haber sufrido a manos de “dos jueces” que actuaron de manera corrupta.

Hasta la sede del tribunal constitucional llegaron una decena de agricultores de la localidad de Palenque, perteneciente a la tropical provincia de Los Ríos.

La Asociación Agropecuaria 30 de Marzo y colectivos como la Alianza de Derechos Humanos señalan que un total de 450 personas están perjudicadas por las decisiones judiciales, al punto de verse presuntamente desplazadas de las tierras que utilizaron durante décadas para su supervivencia.

Abogados, jueces, escrituras y secretos

Según Daniel Castañeda Ramos, administrador de la asociación, el supuesto despojo comenzó en 2021 cuando “llegaron un grupo de abogados fingiendo que la tierra era de ellos, ordenados por dos jueces de la provincia de Los Ríos”.

“Nosotros teníamos todos los títulos habilitantes (…) pero de repente llegan con el aval del Ministerio de Agricultura y Ganadería a desalojarnos, diciendo que ya ellos eran dueños con seis escrituras”, explicó Castañeda.

Como pueblo montubio (campesinos de la costa ecuatoriana) que es considerado Palenque, la coordinadora de Alianza de Derechos Humanos, Vivian Idrovo calificó el caso como un “abuso de garantías jurisdiccionales” en perjuicio de una población a la que la Constitución reconoce con derechos colectivos.

“Los campesinos (de Palanque) ya tenían adjudicado el título colectivo inscrito. Sin embargo, otras personas iniciaron una acción de protección pidiendo que el Ministerio de Agricultura readjudique las tierras, algo que ya no podía hacer”, añadió.

Además Idrovo sostiene que los pobladores de Palanque “tienen una sentencia en su contra de la que nunca supieron” porque “nunca les informaron que había ese proceso” lo que, desde su punto de vista, provocó que “perdieran las tierras de forma abusiva e ilegal”.

Precariedad

Como consecuencia de todo esto, Castañeda aseguró que en la población las familias afectadas viven una difícil situación.

“Estamos en precariedad, junto a lo que está sucediendo en Ecuador, que no se puede salir a ningún lugar (por inseguridad), la gente ahorita está súper preocupada, los niños han dejado de estudiar para ayudar a los padres, pero así no se puede salir ni a trabajar”, dijo Castañeda.

Los afectados, quienes trabajaban principalmente en cultivos de maíz, arroz, cacao y mantenimiento de bosque nativo, insisten en que no se trata solo de una disputa por tierras, sino de una violación sistemática a sus derechos fundamentales.

“Vivimos ahí durante 24 años. Esta gente que dice ser dueña apareció hace cinco y nunca los hemos visto trabajar esas tierras”, afirmó Castañeda.

La asociación exige que se les devuelvan sus tierras, su fuente de trabajo y su dignidad, mientras esperan una respuesta concreta de la Corte Constitucional tras más de dos años de espera.

Sentencias contradictorias

El caso se encuentra desde 2023 en conocimiento de la Corte Constitucional, pero aún no hay una resolución.

“La Corte ya negó una acción extraordinaria porque conocía la situación y se está demorando (...) ¿Qué está pasando con la Corte?”, cuestionó Idrovo, quien recordó que se han resuelto causas similares posteriores a esta.

Los campesinos lograron una acción de protección favorable en Quito, en la que se estableció que no se puede tocar la tierra de la asociación. Sin embargo, esta convive con otra sentencia que los despoja.

“Hay dos acciones de protección que están en el mismo nivel, la una despoja, la otra garantiza. Así que pedimos a la Corte Constitucional que se tomen los derechos del pueblo montubio en serio”, concluyó Idrovo.