Gobierno deberá responder a la Contraloría por el transporte de ‘influencers’ en avión de Policía

Este miércoles 21 de mayo se conoció que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tendrán que responder a la Contraloría General de la República la titularidad de la aeronave que se usó recientemente con destino a la ciudad de Barranquilla. Asimismo, el jefe de la cartera del Interior ha sido cuestionado.

La solicitud de información a estas entidades las hizo la Contraloría General de la República por medio de la delegada para el Sector Defensa. De este modo, fueron emitidos requerimientos oficiales a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior. “Con el fin de esclarecer posibles irregularidades detectadas a través de información difundida por medios de comunicación de alcance nacional”.

Por un lado, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional deberán entregar información tras las denuncias del uso de una aeronave oficial para el transporte de “influencers”, supuestamente, cercanos al Gobierno.

Además, el ente de control solicitó datos sobre el uso misional de la aeronave, la lista de pasajeros, los costos del vuelo y el sustento normativo o administrativo de dicha operación. Así como el Ministerio del Interior deberá precisar “si existe algún convenio o contrato vigente que permita ese tipo de utilización de bienes públicos, y quién asumió los costos del traslado.”

Por otra parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, deberá responder también por los presuntos contratos que se habrían suscrito con el medio RTVC por aproximadamente 88 mil millones. “Se pidió la remisión de los documentos contractuales, soportes técnicos y financieros, cronogramas, listado de eventos y la identificación de los responsables del proceso.”

En los oficios enviados por la delegada para el Sector Defensa y Seguridad se aclara que las entidades tendrán que responder en un plazo de dos días hábiles. “Estas actuaciones forman parte de las labores preventivas de la Contraloría General de la República para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y asegurar que las actuaciones de las entidades del Estado se ajusten a los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad fiscal.”