Contraloría pide información de presuntos contratos irregulares adjudicados en la Armada Nacional

El ente de control hará seguimiento a la Armada Nacional por supuestas irregularidades en contratos con servicios médicos, de aseo, de mantenimiento de instalaciones militares, de desinfecciones, cámaras de seguridad y químicos para piscinas. Este seguimiento de la Contraloría a la Armada Nacional aparece luego de una denuncia publicada por Caracol Radio en su sección de la Unidad Investigativa.

Además, la solicitud de la información a esta entidad fue emitida por medio de la delegada para el Sector Defensa de la Contraloría General de la República. “La Contraloría busca establecer la legalidad de los procesos de adjudicación, la identidad de los contratistas y supervisores, así como los mecanismos de control implementados”.

En concreto, son seis puntos que la Armada Nacional tendrá que responder al ente de control:

• Primero, la Armada tendrá que responder por los contratos suscritos dentro de los últimos 5 años.
• Segundo, deberá entregar una copia de los estudios previos, así como pliegos de condiciones, actas de adjudicación, contratos y sus modificaciones
• Tercero, deberá detallar quiénes son los contratistas adjudicatarios.
• Cuarto, tendrá que compartir información sobre los supervisores o interventores asignados a cada contrato.
• Quinto, deberá explicar cuáles son los mecanismos de control interno implementados para el seguimiento de dichos procesos contractuales.
• Sexto, tendrá que compartir informes o revistas realizadas por la inspección de la Armada Nacional en relación con estos casos.

La Contraloría General de la República le dio dos días de plazo a la Armada para que entregue la información, tal como lo estableció la delegada para el Sector Defensa y Seguridad.

Además, esta solicitud de información a la Armada Nacional hace parte de las actuaciones preventivas de la Contraloría General de la República “para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y asegurar que las actuaciones de las entidades del Estado se ajusten a los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad fiscal”.