Corte Constitucional convocó mesa de trabajo sobre alimentación de personas privadas de la libertad
El magistrado Jorge Ibáñez aseguró que este encuentro tendrá la presencia del Ministerio de Justicia y los principales alcaldes del país
Caracol Radio
Cartagena
Desde Cartagena, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Ibáñez, respondió a la solicitud que hizo el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, frente a un mayor apoyo de la alta corte sobre la alimentación de las personas privadas de la libertad, responsabilidad que tendrán que asumir los entes territoriales a partir del 1 de julio.
El magistrado Ibáñez confirmó que este lunes 19 de mayo se realizará una mesa de trabajo que estará encabezada por la ministra de Justicia, Defensoría del Pueblo y los alcaldes de las principales capitales del país, con el propósito de adoptar una decisión pronta que impide afectar los derechos de las personas que se encuentran en los centros de detención transitoria a nivel nacional.
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“Hemos citado una mesa de trabajo que realizaremos el próximo lunes en la Corte Constitucional con la señora ministra de Justicia, con la Defensora del Pueblo, el Procurador General de la Nación, varios de los alcaldes y gobernadores, comenzando por el alcalde de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, también hemos invitado al alcalde de Cartagena y al señor gobernador de Bolívar, para que conjuntamente examinemos cómo se debe adoptar una decisión pronta, eficiente y eficaz que impida afectar los derechos de la población privada de la libertad y que prevenga eventualmente la ocurrencia de un problema de orden público si eso no se soluciona. Vamos a revisarlo”, expresó.
El magistrado Ibáñez aseveró que desde la Corte Constitucional hizo un llamado al Gobierno Nacional para garantizar los derechos de los presos y advirtió que los entes territoriales no han recibido los recursos correspondientes para poder asumir esta responsabilidad.
“Como decía el señor gobernador de Bolívar, se han transferido unas competencias a las entidades del orden territorial, pero no se han transferido los recursos para cumplirlas”, manifestó el presidente de la Corte Constitucional.
El objetivo principal de la mesa de trabajo será revisar institucionalmente cómo debe ser la respuesta que se brindará a la población privada de la libertad, ya que la alimentación no puede ser interrumpida.
“Porque imagínense ustedes si no se garantiza por la autoridad que corresponda el derecho a la alimentación de personas privadas de la libertad que están resguardadas y deben ser protegidas en unas instalaciones estatales y que por lo tanto se les deben brindar todos los derechos. La Constitución permite y la ley permite que se prive de la libertad y con eso se restringa el derecho a la libertad de las personas que tienen una deuda pendiente con la justicia, pero eso no significa que en la puerta de un centro de detención carcelario queden los demás derechos. Todos los derechos se garantizan comenzando por el principio de la dignidad humana”, explicó el magistrado Ibáñez.
