La Superintendencia de Servicios debe asumir todos los gastos para salvar Air-e: Cabello

En medio de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la empresa Air-e, operadora del servicio de energía en la Costa, la Procuraduría General de la Nación anunció que hará vigilancia ante este proceso.

De acuerdo con la procuradora General, Margarita Cabello, esta decisión se da con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía para los habitantes de los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Como ha retirado el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dicha intervención se realizará con fines administrativos y no de liquidación. Desde el Gobierno nacional se permitirá una transición ordenada y eficiente del operador Air-e disminuyendo el riesgo para el sector energético en la costa Caribe y en el resto del país.

Para la procuradora, es esencial que dicha intervención se enfoque en el anticipo de subsidios, agilización de entrega de saldos de la opción tarifaria y la ampliación de los plazos de financiación y garantías, para así aligerar el impacto de los problemas estructurales del mercado eléctrico en el país.

Según explicó Cabello en los micrófonos de 6AM Hoy por Hoy, la entidad alertó desde octubre de 2023 la difícil situación de las comercializadoras y las generadoras de energía, así como con los gobiernos locales en la región Caribe, que no han asumido deudas de la ‘opción tarifaria’, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos:

“Ahora, pues vemos los resultados del trabajo no armónico y articulado entre los actores del sector y el Gobierno para llegar a este punto de intervención que para nosotros es altamente preocupante”.

Para Cabello, la agravante ahora es que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios, tendrá que asumir todos los gastos para salvar Air-e, que en principio debía cubrir el Fondo Empresarial:

“El año pasado a raíz de la problemática que ya se vería venir, se trabajó mucho y el Gobierno autorizó a través Findeter unos créditos blandos a las comercializadoras para que pudieran cubrir sus necesidades, porque no se le estaba entregando el pago de subsidios y no se había presentado el proyecto al Congreso para poder cubrir la ‘opción tarifaria’. Al no existir los pagos había un problema financiero grande, les hicieron unos créditos blandos porque se iba a solucionar rápidamente el problema del proyecto de ley y otros problemas financieros, no se ha trabajado a tiempo y además la CREG siempre estuvo sin el número de comisionados suficientes para que pudiera tomar las nuevas regulatorias y llegamos a este caos”.

“Hacienda tiene que responder con los dineros”

Sobre el futuro de Air-e, la funcionaria comentó que la responsabilidad financiera recaerá sobre la Superintendencia a cargo del agente interventor Carlos Diago Abello que ya tomó la posesión en las instalaciones empresa en Barranquilla.

Por último, la procuradora puntualizó que esta problemática podría provocar un efecto dominó en el resto de generadores de energía del país:“Afinia está en la misma situación de falta de flujo, hay también electrificadoras departamentales como la del Chocó y la del Putumayo que también tienen problemas. Ya hay algunas intervenidas, también el Fondo Empresarial no da abasto para cubrir las otras entidades, entonces va a ser un efecto dominó y tiene que asumir el Gobierno a través de la Superintendencia y Hacienda tiene que responder con los dineros que van a faltar que no estamos hablando de millones sino de millones con toda seguridad”.