La JEP imputa a siete excabecillas de las FARC por secuestros en Antioquia

Medellín, Antioquia

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a siete exintegrantes del Bloque Noroccidental de las desmovilizadas FARC-EP por crímenes de guerra y lesa humanidad en el marco del caso 01, que investiga los secuestros. Los acusados están señalados por violaciones graves a los derechos humanos, tales como la toma de rehenes, homicidios, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos, privaciones severas de libertad, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y tortura.

La imputación se sustenta en 314 hechos documentados que evidencian la brutalidad y el impacto de las acciones de este bloque, conocido por su destacada participación en secuestros. El Bloque Noroccidental, que operó principalmente en Antioquia, norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda, fue responsable de más de 300 secuestros. Entre las víctimas se encuentran el excongresista Óscar Tulio Lizcano, así como el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el consejero de paz Gilberto Echeverri, quienes fueron secuestrados y asesinados.

Este bloque, que llegó a tener 3,145 combatientes y 923 milicianos, fue la segunda estructura guerrillera que más secuestros cometió en Colombia. Su influencia y poder se extendieron, incluyendo una guerra urbana en Medellín, la única registrada durante el conflicto armado en el país.

Los acusados, quienes fueron líderes de frentes, son Luis Óscar Úsuga, Jesús Mario Arenas, Rodolfo Ruíz Restrepo, Martín Cruz Vega, Ovidio Antonio Mesa Ospina, Pedro Baracutao y Jhoverman Sánchez Arroyave. Estos excomandantes están llamados a reconocer su responsabilidad por los crímenes cometidos bajo su mando, incluidos los secuestros y asesinatos, y a colaborar en la búsqueda de las víctimas desaparecidas durante su cautiverio.

La JEP informó que los imputados tienen 30 días hábiles para que los imputados aporten toda la información disponible a la Sala y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), con el objetivo de localizar a las 17 personas desaparecidas que sus familias han reportado en el proceso judicial.

Esta imputación es la tercera regional en el caso 01, liderado por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll. Anteriormente, la JEP había imputado a 10 exintegrantes del Comando Conjunto Central y a ocho del Bloque Occidental, con quienes se están llevando a cabo procesos similares. Además, siete exintegrantes del último Secretariado de las FARC-EP también han sido imputados a nivel nacional y están en proceso de reconocimiento de su responsabilidad.

La presencia de las FARC en Antioquia

El Bloque Noroccidental, también conocido como Bloque José María Córdoba, Bloque Efraín Guzmán y Bloque Iván Ríos, surgió en 1971 con una comisión de 20 combatientes que se trasladaron del Magdalena Medio al Urabá antioqueño, formando el Frente 5. Desde entonces, se expandió y consolidó diversos frentes guerrilleros en Antioquia, Chocó, Córdoba, Caldas y Risaralda. En 1993, el Bloque Noroccidental se convirtió en una de las siete estructuras principales de las FARC-EP con el objetivo de tomar el poder por las armas, incluyendo la capital Bogotá y ciudades clave como Medellín y Cali.

La VIII Conferencia Nacional Guerrillera le asignó la tarea de controlar territorios estratégicos y asegurar recursos económicos mediante secuestros, extorsiones, narcotráfico y minería ilegal. Su estructura jerárquica y centralizada estaba encabezada por Luciano Marín, alias Iván Márquez, con varios comandantes a su cargo, incluido Luis Óscar Úsuga Restrepo, quien está actualmente en juicio.

Durante su apogeo, el Bloque Noroccidental llegó a contar con más de 3,000 combatientes y 900 milicianos, destacándose por su presencia en Medellín, donde libraron la única guerra urbana registrada en el país. La confrontación con paramilitares, la fuerza pública y otras guerrillas como el ELN, junto con la expansión del narcotráfico y la minería, definió su impacto violento y expansivo en el país. Su declive comenzó con la Política de Seguridad Democrática y el aumento de operaciones militares, culminando en la dejación de armas en 2017.

Así secuestraba el Bloque Noroccidental

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP está aclarando los patrones de secuestro del Bloque Noroccidental (BNOCC) de las FARC-EP, revelando que esta estructura, como otras, utilizaba el secuestro para forzar intercambios de guerrilleros presos, financiarse y controlar territorios. La investigación ha demostrado que el BNOCC secuestraba en residencias, casas de recreo, retenes en vías y mediante ataques a la población civil. Los secuestros a menudo venían acompañados de maltratos graves.

Secuestro para control territorial

El BNOCC se enfocó en secuestrar personas consideradas “colaboradores del enemigo” para ejercer control territorial. La Sala identificó 94 secuestros con este propósito, de los cuales 31 víctimas fueron señaladas por la guerrilla de colaborar con el Ejército o grupos paramilitares. Los comparecientes admitieron haber cometido “errores de inteligencia” al asesinar o desplazar a estos individuos sin una investigación adecuada.

Un caso notable es el de Antonio Flórez Loaiza, secuestrado en 1999 y sometido a maltrato físico y psicológico bajo la acusación de ser informante de grupos paramilitares. El Bloque también aplicó la “Ley 003″ de las FARC-EP, que autorizaba el secuestro de supuestos “corruptos” como castigo.

Secuestro para presionar intercambios

Para presionar al Estado colombiano a intercambiar guerrilleros presos, el BNOCC secuestró a cerca de 55 miembros de la fuerza pública entre 1996 y 2002. En los años 2000, comenzaron a secuestrar figuras nacionales de los tres poderes públicos. Ejemplos incluyen el secuestro y posterior asesinato del exgobernador Guillermo Gaviria Correa y el exministro Gilberto Echeverri en 2002, y el secuestro del exrepresentante Óscar Tulio Lizcano en 2000.

Secuestro para financiarse

Desde su creación, el BNOCC utilizó el secuestro para financiarse, siguiendo la “Ley 002″. Aunque la meta era afectar a personas con patrimonios superiores a un millón de dólares, muchos secuestros afectaron a individuos sin medios para pagar. Un caso ejemplar es el de Ana Morelia Rodríguez, secuestrada en 1997 y liberada tras el pago de un rescate.

La estructura también se enfocó en secuestros en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, donde extorsionaron a agricultores, ganaderos y comerciantes de oro. Ejemplos incluyen el secuestro de Alberto de Jesús Lopera Gil en 1998 y el de Juan Guillermo Calle Fernández en 1998, con rescates y liberaciones que reflejan la crueldad y el impacto económico de sus acciones.

Próximos pasos en el proceso judicial

Los siete imputados del Bloque Noroccidental tienen 30 días para reconocer los hechos y su responsabilidad o presentar argumentos adicionales. La JEP espera aportaciones de verdad y reparaciones para las víctimas. Si los imputados reconocen su responsabilidad, se convocará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad. Si niegan los cargos, el caso será transferido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde podrían enfrentar juicios similares a los de la justicia ordinaria y condenas de hasta 20 años de cárcel.