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Piden investigar al alcalde y contratistas de Tunja, y a magistrados de Tribunal de Boyacá

Andrés Idárraga le envió comunicaciones a la Fiscalía 21 Seccional Tunja, a la Procuraduría y a la Comisión de Disciplina Judicial

El secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, solicitó a los entes la respectiva investigación. Imagen | Caracol Radio

El secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, solicitó a los entes la respectiva investigación. Imagen | Caracol Radio

Tunja

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga compulso copias a la Fiscalía 21 Seccional Tunja, a la Procuraduría, para que investigue hallazgos y hechos jurídicamente relevantes que presuntamente involucran al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y los contratistas de la alcaldía, Diana Alejandra Ibáñez Rodríguez y Juan Sebastián Ramírez García y a la Comisión de Disciplina Judicial para que haga lo propio con los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, Luis Ernesto Arciniegas y Diego Mauricio Higuera Jiménez.

Pide el secretario de Transparencia que se investigue la contratación por parte de la Alcaldía de Tunja directamente y a través de la Empresa Ecovivienda de Juan Sebastián Ramírez García, el abogado que puso una demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, pero que la retiró y días después fue contratado.

Así mismo a Diana Alejandra Ibáñez Rodríguez quien tiene un hijo con el presidente del Tribunal Administrativo de Boyacá, Luis Ernesto Arciniegas, y quien lleva una de las demandas que buscan la salida del alcalde.

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga pide a estas tres entidades, Fiscalía 21 seccional Tunja, José Isaías Palacios Palacios, Procurador Provincial de Tunja, a Alberto López Amador, Procurador Regional de Instrucción de Boyacá y la Comisión de Disciplina Judicial que, “denuncien directamente o dar traslado a los entes de control y a la Fiscalía General de la Nación de presuntos delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social, o contra el patrimonio económico, de posibles infracciones disciplinarias, que por su gravedad sean puestas en su conocimiento, así como de las denuncias interpuestas directamente por veedores ciudadanos y la ciudadanía en general”.

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