Personería confirmó suspensión a exdirectora de Apoyo Logístico del HGM
La suspensión a Érica María Pino García se dio por omitir el cumplimiento de funciones que tenía como supervisora del proceso de lavandería del Hospital General de Medellín, en el cual, según la personería, ejecutó el contrato sin el respectivo registro presupuestal.
Hospital General de Medellín / Colprensa
Medellín, Antioquia
La Personería Distrital de Medellín, en un comunicado, confirmó la sanción de suspensión de ejercer cargos públicos por cuatro meses a Érica María Pino García, exdirectora de Apoyo Logístico del Hospital General de Medellín por omisión de sus funciones como supervisora en un contrato del 2020, el cual consistía en “la prestación del servicio del proceso de lavandería para mantener las condiciones de calidad y suficiencia en los servicios del Hospital General de Medellín sede la 80″.
Indican que la señora Pino vulneró el principio de legalidad al permitir, por varios días, la ejecución del contrato que debía supervisar sin que este contara con el registro presupuestal correspondiente.
Sobre la sanción, esto dijo el personero de Medellín, Mefi Boset Rave Gómez: “La sanción tiene base en el incumplimiento de sus funciones como supervisora del contrato número 83C de 2020. La disciplinada vulneró con su actuar el principio de legalidad al permitir que por varios días se ejecutara el contrato sin el respectivo registro presupuestal. Permitir que un contrato público se ejecute sin registro presupuestal vulnera el Estado social y derecho, además de que pone en riesgo a la entidad pública para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas”.
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Explican que el registro presupuestal es requisito de todos los contratos donde se comprometan recursos públicos y el hecho de que el Hospital General de Medellín tenga régimen privado para contratación, no desliga la responsabilidad del cuidado del presupuesto público.
En el final del comunicado de la entidad en la que informó sobre la medida disciplinaria contra la exfuncionaria se reitera la importancia de la legalidad como requisito indispensable de las funciones del servidor público, y omitirlo causa, como sucedió, una infracción que vulnera el Estado constitucional y democrático de derecho.
