Pereira

Más de 300 menores indígenas de Mistrató no estarían yendo a clases por presencia del ELN

Además de confinar a sus hijos, padres y madres indígenas de San Antonio del Chamí, indicaron que no saldrían a votar el próximo 29 de octubre de continuar viendo hombres armados del ELN en su territorio.

Foto: Defensoría del Pueblo Risaralda (archivo)

Foto: Defensoría del Pueblo Risaralda (archivo)

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Desde que las autoridades departamentales confirmaron hace casi una semana la incursión del Ejército de Liberación Nacional en el municipio de Mistrató y revelaron las presiones que estarían ejerciendo sobre campesinos, mineros, indígenas y jóvenes, se han desencadenado otras situaciones que alertan de las condiciones de orden público que hoy se viven al occidente de Risaralda.

A las denuncias por extorsión y censos que el grupo armado estaría realizando en instituciones educativas para posibles reclutamientos, se suma que los padres de familia del corregimiento de San Antonio del Chamí, no estarían enviando a sus hijos a las escuelas por el temor a las acciones que pueda ejercer el ELN.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, indicó que son cerca de 300 estudiantes los que han dejado de asistir a sus clases.

“Al llegar al municipio comisiones del ELN a hablarles de diferentes temas, pues la gente ha estado en zozobra y muchos padres de familia, sobretodo de comunidades indígenas, han decidido no enviar a sus hijos a estudiar, han pedido protección por parte del Estado y estamos en esa situación. Entendemos y respetamos al Gobierno Nacional en su posición de buscar la paz, pero creemos que estos grupos, que estaban asentados en el Chocó, después de firmado el cese al fuego temporal, se han venido desplazando a zonas donde normalmente no estaban y han generado preocupación en una comunidad pacífica como ha sido Risaralda”, enfatizó.

Tanto la Gobernación, como la asamblea y otros entes departamentales, continúan pidiendo apoyo al Gobierno Nacional para que se refuercen los dispositivos de seguridad tanto de la Policía como del Ejército, para evitar que el grupo guerrillero se despliegue hacia otras zonas de Risaralda y para garantizar la normalidad electoral el próximo 29 de octubre, pues la mima comunidad manifestó que, de continuar observando hombres armados por el municipio, evitarían salir a ejercer su derecho democrático.

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