Gobierno radicará un proyecto de ley para que la Uspec amplíe el servicio de alimentación
El ministro de justicia dio a conocer en Pereira que el 3 de agosto próximo harán la solicitud con la que se espera se mantenga el servicio hasta junio de 2024, ya que los municipios no cuentan con los recursos inmediatos para proporcionarlo.
Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño - Caracol Radio Pereira.
Pereira
En consecuencia al manifiesto emitido por la Corte Constitucional que asignó a las entidades territoriales la responsabilidad de entregar la alimentación a los privados de la libertad que están en las inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI y centros similares, labor que venía ejecutando la Uspec y que finalizó el pasado 31 de julio; el ministro de justicia, advierte que van a radicar el 3 de agosto de 2023 un proyecto de ley que ampliará esta responsabilidad con el ente penitenciario hasta el próximo año.
Señala Néstor Iván Osuna Patiño, líder de esta cartera, que los municipios no cuentan actualmente con los presupuestos para asumir esta responsabilidad, con el atenuante del hacinamiento que se registra en la mayoría de estos establecimientos.
“Las personas que están privadas de la libertad sin ser condenadas aún están a cargo de los municipios, y los municipios tienen que asumir esa responsabilidad, no le corresponde a la Policía y tampoco a la nación, pero somos conscientes de que una buena parte de los municipios no tienen los recursos para asumirlo, por eso, vamos a radicar un proyecto de ley que le permite a la nación, en este caso a la Uspec, ampliar la prestación de los servicios de alimentación hasta junio del año 2024, con eso se le permite a los alcaldes que salgan elegidos en octubre, tener tiempo suficiente para hacer sus previsiones presupuestales, los arreglos institucionales que tengan que hacer para asumir esa obligación”, explicó el funcionario.
Se espera entonces que se realice el trámite correspondiente para que las administraciones municipales, que ya finalizan su período administrativo, no tengan que asignar recursos de manera inmediata para suplir la necesidad inminente en alimentación para las personas que aún no reciben condena.
