Eutanasia, aborto y consumo de cannabis: las grandes deudas que el Congreso no ha regulado
Aunque son debates que se han dado en el Congreso, ninguno ha podido llegar a buen puerto, pues los proyectos aún causan polémica en muchos sectores.
Congreso
Cada 20 de julio, cuando comienzan las legislaturas en el Congreso de la República, los parlamentarios están llamados a legislar en distintos temas frente a los que hace falta una regulación y, por ende, existen varios vacíos jurídicos y de otros tipos. Sin embargo, y por lo polémicas que son esas discusiones, el Congreso nada que avanza en su legislación.
Es el caso de iniciativas como la regulación de la Eutanasia, el consumo de cannabis recreativo para adultos y la práctica del aborto. Sobre estos temas la Corte Constitucional en varias sentencias ha instado al Congreso a que a través de proyectos de ley y actos legislativos establezca un marco legal sobre el cual se puedan desarrollar, o no, estas prácticas: las reglas de juego.
Aunque en el cuatrenio pasado el tema de la eutanasia fue discutido en varias ocasiones, con la llega del nuevo Congreso, al menos por el momento, ha quedado en el olvido. “Es una lástima que el Congreso nada que regule la eutanasia, el derecho a morir dignamente. La Corte Constitucional ha sido clara que el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental que se tiene que garantizar y que el Congreso debe regular”, afirmó el exrepresentante Juan Reyes Kuri, quien promovió esos debates en el pasado.
Justamente, el excongresista liberal dijo que “cuando yo estuve en la Cámara, presenté el proyecto varias veces y desafortunadamente no logramos las mayorías. Pero se hace necesario que en Colombia cada ser humano pueda decidir con autonomía el destino de su propia existencia, pueda decidir con autonomía si quiere ponerle fin a su sufrimiento”.
Sobre los motivos por los que no se ha avanzado en esta regulación, dijo Reyes Kuri que “aunque ya la Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que se puede acceder a este derecho, todavía hay muchas trabas y muchos miedos en los médicos, en los centros de salud por la falta de una ley que reglamente la eutanasia en Colombia. Aprobarla no significa obligar a que alguien se ponga a la eutanasia; simplemente es permitir, reglamentar desde la ley, que las personas que quieran ponerle fin a su sufrimiento”.
Por otra parte, en cuanto al aborto hubo recientemente un antecedente que, en cierta forma, ha hecho que el debate se haya congelado. La Corte Constitucional despenalizó esta práctica hasta la semana 24 de gestación.
Como recordó la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, “en esa misma sentencia, la Corte exhorta al Congreso y al poder ejecutivo para que diseñen e implementen una política integral en el menor tiempo posible. Por eso convocamos el año pasado una audiencia pública con organizaciones de mujeres, con feministas, con organizaciones de la sociedad civil, y con el Gobierno nacional, en el que nos comprometidos a buscar la mejor ruta posible de este exhorto de la Corte”.
Sin embargo, como reconoció la misma Carrascal, “la agenda legislativa ha sido coptada por las reformas sociales, la tributaria, y ahora las de educación y de justicia. Esto no se debe a una falta de interés del Gobierno, sino más bien uno de los ciclos naturales, de las políticas públicas, que es la agenda”.
Lo cierto es que a pesar de los recientes pronunciamientos de la Corte y los lineamientos que ha emitido el Ministerio de Salud, aún no existe una legislación sobre el aborto en Colombia. Al respecto, concluyó la congresista que “ante la ruptura de la coalición de Gobierno, las posibilidades de sacar proyectos de este tipo se reducen; el riesgo es alto. Por eso es que hay que buscar alternativas colectivas, conjuntas y distintas, que se complementen”.
El tema que sí se abarcó durante este nuevo cuatrenio, aunque no prosperó al final, fue la regulación del consumo de marihuana. Para materializarse, el Congreso discutió un proyecto de acto legislativo que terminó hundiéndose en su último debate, el octavo. La iniciativa se anunció para esta próxima legislatura que comienza, y el Gobierno nacional volverá a apoyar la iniciativa.
De manera general, la experta en ciencias políticas de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz, consideró que la no discusión de estos proyectos se debe a que “hacen parte de esos temas que generan mucha controversia al interior del Congreso, porque sientan unas posturas de sociedad que a veces polarizan, dividen y encierran temas de discusión moral. El Congreso no ha asumido la responsabilidad política de discutirlos adecuadamente y de tomar unas decisiones, menos en un año electoral, en donde buena parte de los partidos y los congresistas no quisieran generar estas polarizaciones, que creen que pueden representar pérdida de electores”.
Otra visión tiene el tiene el director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Cristian Rojas, pues afirmó que “el Congreso sí ha debatido los proyectos que se han presentado, ha habido un debate amplio, muchas veces estos proyectos han sido archivados, y el deber que tiene el Congreso es precisamente tramitar los proyectos, discutirlos, pero no tiene la obligación de aprobarlos”.
El problema, para el académico, es “que la Corte Constitucional en estos tres temas ha sacado sentencias en las cuales considera que es compatible con la Constitución, y eso presiona al Congreso para que regule la materia, porque si no entra el ejecutivo a reglamentar, cosa que es un exceso en sus facultades y es lo que hemos visto: o se sigue casi que regulando a partir de otras sentencias de la Corte; entonces si se espera que el Congreso entre a regular la materia, pero se ha dado la discusión, y si los proyectos que se han presentado no son aprobados por la mayoría pues no se puede hablar de que el Congreso no esté cumpliendo sus funciones, porque son temas muy álgidos que requieren por supuesto mucho debate, y puede haber muchas propuestas alrededor”.
De acuerdo con otros sectores, políticos y académicos, hay también otras iniciativas que podrían catalogarse como deudas del mismo Congreso. Algunos de esos proyectos son una reforma política y la reducción del salario de los mismos congresistas.