Nadie responde por deudas de la antigua sede del Consulado de Venezuela en Medellín

Los dueños de la propiedad en la que funcionaba la sede del Consulado de Venezuela en Medellín sostuvieron una discusión con la entidad para respondiera por deuda que inicialmente rondaba entre 460 y 470 millones de pesos.

La cifra reunía los valores de canon de arrendamiento y servicios públicos que debía la sede diplomática al momento en el que se dio el rompimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela.

En conversación con 6AM Hoy por Hoy, Jairo Vélez, hijo de la propietaria de la antigua sede del consulado venezolano, manifestó que nadie les da respuesta por las cuentas de servicios públicos que debe el consulado.

En su comunicación, Vélez comentó que el pasado 3 de julio el ente diplomático hizo la entrega oficial del inmueble. Los propietarios, a su vez, entregaron una cuenta de cobro que alcanzaba los 480 millones de pesos, por concepto de arriendos atrasados e intereses.

“Le pasamos la cuenta de cobro al señor cónsul. Ellos nos dijeron que Venezuela estaba muy mal económicamente y no nos podían pagar esos dineros”, afirmó.

Los propietarios llegaron a un acuerdo con José Martínez, cónsul de Venezuela en Medellín, en el que recibieron una cifra menor al valor total del canon de arrendamiento por los 53 meses que la antigua sede diplomática estuvo abandonada.

Según Vélez, el cónsul condicionó a los propietarios para cancelar la deuda: “Llegamos a un acuerdo en el que me dijeron ‘o aceptan este dinero, o no damos nada’.”

El hijo de la propietaria aseguró que el Consulado de Venezuela en Medellín se amparó en un tratado internacional para evadir el pago del total de la deuda.

“A nosotros la Convención de Viena nos exime de cualquier responsabilidad en el rompimiento de relaciones diplomáticas entre dos países. Entonces, es eso o nada”, respondió el cónsul a la familia Vélez.

Los propietarios aceptaron el trato. “Nos dieron el dinero y nos entregaron la casa. Los techos estaban acabados, llenos de comején y goteras”, denunció.

Agregó también que el día en el que hicieron la revisión y entrega del inmueble, la casa se encontraba sin servicios públicos.

La falta de pago por parte del consulado llevó a que Empresas Públicas de Medellín (EPM) cancelara el suministro.

El abogado que acompañó la entrega no vio, por la falta de energía eléctrica, el estado real de la propiedad. Inicialmente se calculó la restauración de la casa en un valor de ocho millones de pesos.

Pero a la fecha, según manifestó Vélez, han tenido que invertir más de 150 millones de pesos en la recuperación del inmueble, por el estado de abandono de este.

Tras la negociación con el Consulado de Venezuela en Colombia, la familia Vélez recibió el 14 de julio una factura de EPM con el cobro de reinstalación de servicios públicos e intereses de mora por las facturas no pagadas por la entidad diplomática.

Jairo Vélez se comunicó con el cónsul Martínez para solicitarle el pago de la factura por $840.000, pero no recibió respuesta.

“Le escribí al señor cónsul y le expliqué muy amablemente que eso correspondía a intereses de mora y servicios de reconexión de cada uno de los servicios públicos, porque la factura con EPM es unificada. Y me bloqueó”, manifestó Vélez.

Y concluyó: “La Corte Suprema no tiene incidencia en que uno recupere los dineros que le adeuda una nación extranjera”.

Los propietarios no han tenido más respuesta por parte de la entidad. Sin embargo, deben asumir la deuda con la empresa de servicios públicos.

El cierre del Consulado de Venezuela en Medellín se dio tras el rompimiento de relaciones entre los Gobiernos de Nicolás Maduro e Iván Duque, el 23 de febrero de 2019.

Por la crisis diplomática, los funcionarios tuvieron que salir del país en menos de 24 horas. La casa de la familia Vélez, en el barrio Belén Rosales de Medellín, fue uno de los inmuebles que los funcionarios venezolanos dejaron abandonados.