¿El retorno de las Chuzadas?: Breve historia de las interceptaciones ilegales en Colombia

En la tarde de este jueves 1 de junio, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, confirmó que las interceptaciones ilegales, conocidas popularmente en Colombia como chuzadas, habían “retornado al país”.

El jefe del ente investigador aseguró que era un día “lamentable para el Estado de Derecho” luego de referirse al escándalo que involucra a altos funcionarios de la Casa de Nariño, un polígrafo y un maletín con $7.000 dólares.

La revelación de Barbosa despertó el recuerdo de uno de los escándalos más sonados en la política nacional de las últimas décadas, en el que el propio Estado realizó seguimientos y escuchas ilegales a magistrados de las altas cortes, políticos de oposición, defensores de derechos humanos e incluso periodistas críticos del Gobierno de Álvaro Uribe.

El maletín de Sarabia

Desde el pasado fin de semana, poco a poco se fue develando un nuevo episodio que condujo con la salida de la actual jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Laura Sarabia y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

En medio de la rueda de prensa, Barbosa reveló que desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) habían interceptado de manera ilegal las comunicaciones de la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, quien es señalada por la misma funcionaria como responsable de haber robado una alta suma de dinero.

Nuevas interceptaciones ilegales

Según información conocida por la Fiscalía, tanto a Meza como a otra exempleada de la jefe del Gabinete las hicieron pasar como dos integrantes del Clan del Golfo bajo los alias de ‘La cocinera’ y ‘La madrina’ para adelantar estas escuchas ilegales.

Asimismo, se conoció que la exniñera fue obligada a realizarse una prueba de polígrafo en el sótano de la Casa de Nariño que tendría como fin conocer si era la responsable del robo de un maletín con más de $7.000 dólares.

No obstante, el escándalo terminó de estallar luego que se acusara el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti de filtrar estas denuncias a la prensa, lo que alimentó una nueva crisis en el Gobierno de Gustavo Petro.

Chuzadas

Gustavo Petro hizo parte de los políticos de oposición que fueron víctimas de las interceptaciones ilegales adelantadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

En agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación por los seguimientos e interceptaciones de las que fue víctima por parte de la extinta entidad cuando se desempeñaba como senador de la República y lideraba la oposición.

Das

Sin embargo, el actual jefe de Estado no fue la única víctima de interceptaciones telefónicas, o seguimientos ilegales, e incluso, perfilamientos por parte de funcionarios de entidades como el DAS.

Dentro de los casos más sonados destacan las escuchas ilegales de las que fueron víctimas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia entre 2005 y 2009 en un intento por desprestigiar el alto tribunal, haciendo una recopilación de información privada y acomodando testimonios falsos. Este mismo modus operandi se utilizó para periodistas y opositores al gobierno de Álvaro Uribe.

La Habana

Sin embargo, los casos de escuchas ilegales y seguimientos también se presentó el Gobierno de Juan Manuel Santos, en esta oportunidad las víctimas fueron los miembros que participaron de los diálogos de paz entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las FARC.

“Se utilizaron procesos penales existentes para efectuar y ordenar interceptaciones motivadas en la investigación por el homicidio de un docente universitario chocoano cuando el fin era controlar a las personas relacionadas con el proceso de paz en La Habana siendo esto totalmente ilegal”, señaló en esa oportunidad el excoordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora.

Perfilamientos

El caso más reciente, antes del de Laura Sarabia, fue el perfilamiento de más de 450 personajes públicos, entre políticos, periodistas y tuiteros que habría sido ordenado por el Gobierno de Iván Duque.

En esa oportunidad se conoció una lista en la que los ciudadanos eran categorizados como “positivo”, “negativo”, “neutro” y “N/A”, del que se prevía tendría que ver sus posturas frente al Ejecutivo.

“Esa lista es uno de los hallazgos más delicados porque deja en evidencia que hay una obsesión por parte de esta Gobierno, no solo por conocer qué se está hablando en redes sociales, sino por modular el debate público, más en redes sociales, en donde hay una esencia de libertad que no debería estar interferida por ningún gobernante”, señaló en esa oprotunidad Jonathan Bock, subdirector de la FLIP, en declaraciones recogidas por El Espectador.