Ministerio del Interior analizó riesgos de defensores de derechos humanos en Risaralda

Pereira

Con la participación de autoridades del orden nacional, departamental y municipal, se llevó a cabo el taller de revisión de los escenarios de riesgo ante posibles vulneraciones de los Derechos Humanos en el territorio risaraldense, con el objetivo de conocer las falencias en los planes de protección a líderes y lideresas y establecer nuevos compromisos y acuerdos con los mandatarios locales.

Desde el Ministerio del Interior, el delegado de la Dirección de Derechos Humanos, Ricardo Camargo, explicó que el objetivo de estos encuentros es generar articulación entre las autoridades, la Fuerza Pública y la sociedad civil para que se garanticen espacios de protección a todos los defensores y defensoras en su ejercicio de protección de los Derechos Humanos.

“Entre el Ministerio y la Gobernación junto algunas alcaldías y la fuerza pública, pudimos llegar a algunos acuerdos, estos acuerdos son fundamentales para fortalecer la gestión preventiva del riesgo aquí en el departamento. Lo que buscamos es que los defensores y las defensoras de derechos humanos tengan garantías, sientan que en el departamento pueden velar por la protección, pueden velar por los derechos humanos, que aquí en el departamento estamos las instituciones articuladas, que estamos acompañando para que el ejercicio de los derechos humanos se desarrolle con plena libertad”, puntualizó.

Igualmente, Daniela Aristizábal, profesional especializada de la Secretaría de Gobierno de Risaralda, señaló que se hizo una revisión del nivel de cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la administración departamental y las alcaldías municipales y los requerimientos para los Planes Integrales de Prevención y Protección que debe tener cada localidad y que necesitan ser actualizados para el próximo año.

Los planes de protección de cada municipio deben ir articulados con las estrategias de protección de las autoridades departamentales y deben, además, responder a los requerimientos y necesidades de la población defensora de derechos humanos identificada en el mapa de riesgo para que cuenten con garantías de seguridad.

Cabe destacar que, hasta inicios de este 2023, eran más de 40 los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos que habían reportado ser víctimas de amenazas u hostigamientos y no contaban con ningún mecanismo de protección ni respuesta de las autoridades. Esta cifra sin contar a quienes no realizan denuncias formales por temor las represalias de quienes realizan las intimidaciones que son, en su mayoría, bandas delincuenciales.