Los crímenes de grupos armados que investiga la Fiscalía durante el cese al fuego
Se habrían cometido en Antioquia, N. de Santander, Valle, Nariño, Cauca, Meta, Bolívar y Cesar.
Bogotá D.C.
Caracol Radio revela cuáles son los procesos en la Fiscalía General de la Nación contra los grupos armados ilegales que cometieron una serie de crímenes en el primer trimestre del año, en su mayoría durante el cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional.
En total, la Fiscalía contabilizó seis retenes y peajes ilegales, cuatro casos de carnetización y restricciones a la movilidad y la quema de ambulancias, maquinaria y locales comerciales.
Disidencias: carnetización de pobladores
Empecemos por el Estado Mayor Central (EMC), que la Fiscalía denomina ‘disidencias FARC primera facción’. Es el único grupo armado con el que se tienen protocolos de verificación y monitoreo al cese al fuego.
Entonces, en los municipios de Leiva, El Rosario, Policarpa y Cumbitara, en Nariño, se denunció que las estructuras Franco Benavides y Urías Rendón obligaron a los habitantes a portar un carné de identificación, el cual pretende realizar control de tránsito y movilidad.
De hecho, piden una carta de recomendación expedida por las Juntas de Acción Comunal para demostrar el origen de quienes no son moradores de las veredas y corregimientos donde mantienen el control.
Así mismo, esta organización ha realizado presencia con armamento de largo alcance y vestimenta con prendas militares en el corregimiento de Madrigales del municipio de Policarpa.
Tomada de: Fiscalía General. Caracol Radio.
Lo mismo pasa en el municipio de Jamundí, Valle, donde además solicitan que el tránsito de los vehículos se realice con los vidrios abajo y los motociclistas deben movilizarse sin casco. Mientras que, en La Macarena, Meta, si cualquier persona transita sin el respectivo documento que expiden las Juntas de Acción Comunal será sancionado.
Entre tanto, las estructuras Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos en el Cauca imponen un impuesto y expiden un recibo por kilo de marihuana y cocaína producido, con el fin de registrar sus finanzas.
Por otro lado, en el Caquetá, la Fiscalía documentó retenciones de vehículos, por ejemplo, en el municipio La Montañita una ambulancia de la secretaría de Salud departamental que se dirigía de La Unión Peneya a Florencia fue detenida y retenida presuntamente por disidencias.
Los hombres armados pidieron apagar el vehículo y a sus ocupantes apagar los equipos celulares. Posterior a ello, procedieron a pegar panfletos alusivos al “Frente comandante Rodrigo Cadete FARC-EP”, el cual es comandado por alias “Urías o Cotiz”.
Tomada de: Fiscalía General. Caracol Radio.
De igual manera, personas que se desplazaban en la vía que conduce desde El Paujil hacia Cartagena del Chairá fueron retenidos por presuntos disidentes, quienes manifestaron las inconformidades con el Gobierno y entregaron panfletos de ese Frente.
Tomada de: Fiscalía General. Caracol Radio.
Clan del Golfo, detrás del paro minero
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha insistido que ese grupo armado es el principal responsable de la violencia en el Bajo Cauca antioqueño durante el paro minero. De hecho, una de las razones que llevó al presidente Gustavo Petro suspender el cese al fuego con ese grupo armado fue el ataque contra policías que aseguraban la zona en una vía de la región tras la quema de vehículos.
Pues la Fiscalía General investiga una serie de crímenes que habría cometido la estructura ‘Roberto Vargas Gutiérrez’ durante las marchas en esa zona de Antioquia. Según esa entidad, les dio instrucciones a presidentes de Juntas de Acción Comunal para el pago de transporte, alimentación y logística de los manifestantes. La injerencia es de la subestructura ‘Julio Cesar Vargas’.
La orden habría sido realizar marchas en el sector El Doce, de Tarazá. “Esta estructura ordena a la población minera ejercer acciones violentas, bolear piedra en los municipios de Tarazá, Valdivia y Caucasia, quienes coordinarían los puntos de encuentro en las cabeceras municipales”, dice el documento de la Fiscalía que conoció Caracol Radio.
Ahora, por orden de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, se cerró el comercio con el fin de brindar apoyo al paro minero en El Bagre, municipio donde también se quemó una ambulancia en la que se desplazaba una mujer embarazada, quien fue bajada del vehículo para incinerarlo.
Tomada de: Fiscalía General. Caracol Radio.
Lo mismo ocurrió en Segovia, donde la subestructura ‘Jorge Iván Arboleda Garcés’ estaría ejerciendo presión a los diferentes sectores económicos para brindar apoyo al paro minero. Quien no cerraba su establecimiento comercial era intimidado con armas de fuego.
Tomada de: Fiscalía General. Caracol Radio.
En Caucasia, entre tanto, durante disturbios presentados una vez el gobernador Aníbal Gaviria da orden de recuperar las vías, “se capturan varios menores de edad quienes se encontraban realizando ataques contra la fuerza pública con piedras, palos y otros objetos por el paro minero”, señala la Fiscalía.
Por otro lado, ese grupo armado ha realizado propaganda terrorista en Cartagena, El Carmen de Bolívar, Montes de María y Mahates, en el departamento de Bolívar, donde incluso un líder social y periodista comunitario, conocido por ser gestor cultural y participe del comité político del Pacto Histórico, fue declarado objetivo militar.
“Se le informa al señor Francisco Castilla Sarabia que queda declarado objetivo militar por mostrarse negativo a nuestro llamado y tiene 24 horas para que abandone el departamento junto con toda su familia o de lo contrario serán asesinados”, señala el panfleto que investiga la Fiscalía.
Así mismo, los combates entre disidencias FARC y el Clan del Golfo han desencadenado una crisis humanitaria en el municipio de Montecristo: por ejemplo, un proyectil penetró una pipeta de gas que explotó e incineró tres viviendas.
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ELN: masacre contra militares, retenes y robos
La Fiscalía General investiga el asesinato con ráfagas de fusil y explosivos de nueve militares que estaban descansando de los patrullajes en el municipio Villanueva, Norte de Santander, por parte del frente ‘Camilo Torres’.
En Arauca, entre tanto, la comisión ‘Martha Elena Barón’, cuyo cabecilla es alias ‘Emiliano’, habría ordenado instalar un peaje permanente en los corregimientos de Botalón y Flor Amarillo, impidiendo el libre tránsito de la población.
Así mismo, la Fiscalía le atribuye a esa guerrilla seis millonarios robos a bancos y cooperativas cometidos entre agosto de 2022 y marzo de 2023. En Norte de Santander hurtaron unos 4.200 millones de pesos, principalmente, de sedes del Banco Agrario en Convención y Teorama.
Sobre esos municipios, la Fiscalía documentó que en los últimos cinco años han reportado 67% de los hurtos a entidades financieras, contando como caso especial el de noviembre 2021 en Convención de tres mil millones de pesos.
Por otro lado, en el año 2022 el municipio de Teorama registró 23 afectaciones contra la fuerza pública y población civil, ejecutadas por el ELN y la disidencia ‘Estructura 33′.
“Se puede observar que todos los hechos han sido efectuados por un grupo de personas que utiliza armas de uso privativo (granadas o fusil), el ingreso lo hacen dos o cuatro, mientras otras prestan apoyo al perímetro con confrontación con la fuerza pública ya sea como elementos distractores o evitando la pronta reacción”, indicó la Fiscalía.
¿Qué dice la Fiscalía sobre protestas campesinas en Caquetá?
La Fiscalía asegura en el documento que conoció Caracol Radio que, en el San Vicente del Caguán, se exigió el cumplimiento de los acuerdos entre campesinos y Gobierno Nacional pactados en las reuniones realizadas en los años 2018, 2019 y 2020.
Entre las pretensiones se encuentra, por ejemplo, la pavimentación de la vía San Vicente del Caguán – Las Delicias, un millón de dólares anuales para proyectos y mantenimiento de vías.
“Al inicio era ínfimo el número de partícipes, pero al trascurrir los días se fue alimentando y gran cantidad de movilizaciones se fueron agrupando en camiones y vehículos, que a su vez retuvieron 53 camiones cargados con crudo, a los cuales posteriormente les permitieron su tránsito”, dice la Fiscalía.
“Las personas que se encontraban realizando la protesta el día 2 de marzo se abalanzan contra las instalaciones, lo que conllevo a que se retuvieran 78 funcionarios de la Policía Nacional y 6 Civiles empleados de la Petrolera. Se presentó el fallecimiento de tres personas, un miembro de la Policía y dos campesinos, así mismo se presentaron vehículos e inmuebles incinerados”, indicó.
Tomada de: Fiscalía General. Caracol Radio.
