Habitantes de El Bohío, en Dosquebradas, denuncian órdenes de desalojo irregulares

Pereira

Más de dos décadas llevan las familias de este barrio aledaño al Campestre B en Dosquebradas viviendo en el sector conocido como Juanchito que ahora, por una orden de un juez, debe ser desalojado por estar declarado como reserva forestal.

El operativo de desalojo del que la comunidad fue informada en diciembre de 2021, se iba a llevar a cabo este jueves 9 de febrero bajo todas las condiciones de legalidad, según indicó Mauro Yesid Bedoya, director operativo y de control físico de la Alcaldía de Dosquebradas.

“No estamos haciendo nada ilegal, estamos recuperando una zona protegida y un tramo por donde pasa la vía. La zona forestal protegida es de 30 metros y contiguo a esto son 19 metros de la vía. A través de los apoderados legales se les informó de los procesos”, señaló.

Aunque según las autoridades el proceso es legal y debe hacerse efectivo, la vocera de los habitantes del barrio El Bohío, Elisama Castaño, indicó que los derechos de las cerca de 20 familias que quieren desalojar están siendo vulnerados, pues a pesar de vivir en este sector desde año 2000, solo hasta 2016 se realizó la declaración de la zona protegida y fue en 2021 que se inició el proceso jurídico sin avisarle a la comunidad.

Expresó además que aunque han interpuesto tutelas y otros requerimientos pidiendo una solución habitacional, no han tenido ninguna respuesta.

“Llevamos más de 20 años viviendo aquí y dice que es una zona protegida pero la norma salió a partir del 2016, ¿dónde quedan los años anteriores? ¿dónde queda el derecho a una vivienda digna? Nosotros hemos puesto tutelas, hemos tocado puertas, Defensoría ni Personería nos ayuda y nosotros no tenemos para dónde irnos”, manifestó.

Dio a conocer también que estas viviendas no son asentamientos informales, por el contrario, son viviendas completamente construidas, incluidas en el avalúo catastral del municipio pues pagan impuesto predial y, adicionalmente, pagan todos los servicios públicos.

“Nos dimos cuenta del 2016 porque hemos investigado que la norma salió ese año, pero ellos empezaron el proceso jurídico en diciembre de 2021. Nos hicieron una querella sin nosotros tener conocimiento y llegaron a dictar un desalojo sin nosotros tener conocimiento. Nosotros pagamos impuesto predial, pagamos servicios públicos, alcantarillado aunque se nos ha negado y aún así pagamos por el servicio”, relató.

Desde tempranas horas de la mañana llegaron uniformados de la Policía, Carabineros y cuadrillas del Esmad con tanquetas y maquinaria amarilla a realizar el desalojo, lanzando aturdidoras inicialmente, según ha denunciado la comunidad que se negaba a salir de sus casas. En medio de las alteraciones del orden público dos jóvenes fueron aprehendidos por la Policía y una señora fue golpeada con un bolillo por los uniformados.

Ante la tutela que de manera inmediata interpuso la comunidad ante el juzgado primero municipal, este le ordenó a la inspección de Policía suspender el operativo y retirarse del lugar.