Procuradora Cabello:“Hay discrepancia en la forma en la que se está buscando la paz”

En la mañana del martes 17 de enero, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunció que no avalaría la solicitud del Gobierno nacional de levantar las órdenes de captura de 16 miembros de Los Pachenca y el Clan del Golfo, considerada la banda criminal más grande de Colombia.

Horas después, la procuradora general, Margarita Cabello, se sumó al anuncio del fiscal y aseguró en un video que llevaba por título: “La paz no puede estar por encima de la constitución”, el cual fue publicado en las redes sociales del Ministerio Público, que los decretos del gobierno “no tienen incluida la suspensión de las órdenes de captura proferidas por jueces de la República, y por estar vigentes, los miembros de la Fuerza Pública tiene el deber ineludible de hacerlas efectivas”.

Ante la negativa del fiscal y la procuradora general, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de las decisiones del Gobierno nacional y de su política de paz total, asegurando que había un “enorme error al decir que la paz no está por encima de la Constitución”, y explicó que “las constituciones se hacen para que la sociedades convivan en paz”, tal como rezaba el artículo 22 de la Constitución de 1991, “entonces todo servidor público debe guiar su actuación en función de hacer la paz”.

Por último, el primer mandatario instó, desde Davos Suiza, donde se encuentra como asistente del Foro Económico Mundial, que “no nos acostumbremos al discurso de odio y de guerra, eso si es profundamente inconstitucional”.

Sin embargo, la procuradora Margarita Cabello reiteró este jueves 19 de enero en 6AM HOY por HOY de Caracol Radio que la misma ley hacía una clara diferenciación entre la manera en la que se deben solicitar las medidas de levantamiento de ordenes de captura frente a los miembros que pertenecen a grupos organizados ilegales con orientación política y los grupos criminales sin esta condición.

En ese sentido, explicó que con los miembros de estas organizaciones lo que se busca es un diálogo para lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento: “estos grupos de los cuales el fiscal se pronunció, deben tener una reglamentación distinta y ceñirse a la justicia penal”, a su vez aclaró que en este caso no se dieron estas condiciones en la petición que realizó el Gobierno nacional.

Hay discrepancias en la forma de buscar la paz

“Todos tenemos que cumplir la Constitución y velar por buscar la paz. En eso estamos de acuerdo. En lo que hay discrepancia es en el sentido en el cómo se está buscando. Se tiene que buscar la paz irregular de acuerdo a las normas constitucionales y legales”, indicó la procuradora Cabello.

A su vez, aprovechó para responder el mensaje del mandatario y señalar que así como el Artículo 22, que fue citado por el jefe de Estado, habían otros artículos que hablaban de la separación de poderes y de unas reglas que se deben cumplir para lograr la paz.

“La regla en estos casos excepcionales, que en virtud de un bien superior como es la paz, se le permite al presidente solicitarle a la rama judicial que levante estas medidas es que si los jueces consideran que no aplica, se deben buscar a otras personas que sirvan para eso. El juez es el que tiene la última palabra”, indicó Cabello, quien sugirió buscar a miembros de los grupos con los que se realizarán estos acercamientos y que cumplan las condiciones para ser beneficiarios de esta medida.

Investigación en el Guaviare

Por otra parte, la procuradora se refirió a las investigaciones que se están adelantando en el departamento del Guaviare donde se han denunciado presuntas violaciones a menores de edad en las que estarían implicados miembros de la fuerza pública.

“Nosotros ya venimos con unas investigaciones disciplinarias frente a unos abusos y hemos venido haciendo seguimiento a ese tema tan delicado y doloroso para todos. Tenemos investigaciones con nuestro delegado de Derechos Humanos contra algunos miembros de la fuerza pública”, explicó la Procuradora.

Por último, señaló que el Ministerio Público envió una comisión al Guaviare, departamento en el que se abrió investigación contra el director regional de Bienstar Familiar y se ha realizado una recopilación de pruebas que considera que tendrá resultados prontamente.