Senado definirá si se normalizan plazos de respuesta a derechos de petición

Con la llegada de la pandemia al país, hace dos años, el Gobierno expidió un decreto, el 491, con el que se duplicaron los tiempos de respuesta a los derechos de petición. Con este, el término general de 15 días para peticiones, pasó a 30 a partir de la recepción; las peticiones de documentos e información, que antes era de 10, pasó a 20 días; y las consultas a las autoridades sobre materias a su cargo, fue de 30 días a 35 días prorrogables.

Para reversar estos tiempos, el año pasado llegó al Congreso un proyecto de ley que pretendía justamente normalizar los tiempos de respuesta. La iniciativa se aprobó en sus cuatro debates correspondientes, y sin embargo, al pasar a lo que era su sanción presidencial, el presidente Iván Duque decidió objetarlo, asegurando que la pandemia aún no ha terminado.

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Con esta decisión del jefe de Estado, a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes les correspondía discutir el informe de objeciones de Duque, y decidir si lo aprueban o lo niegan. En caso de aprobarlo, la iniciativa deberá volverse a discutir y aplicar transformaciones a los puntos mencionados por el presidente.

Pese a ello, tras su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, esta corporación decidió negar las objeciones, dejando en manos del Senado de la República si el proyecto se convierte finalmente en ley o no. Sus autores buscan que se nieguen del todo las objeciones, argumentando que a estas alturas no hay motivos para seguir con la prórroga.

"Tenía todo el sentido que en la fase más estricta de cuarentena, cuando los funcionarios públicos no podían ir a sus despachos o acceder a los documentos, se hubieran prorrogado los tiempos para que tuvieran tiempo de hacer adecuaciones y digitalizar la información. Pero hoy, dos años después de ese decreto, no tiene ningún sentido que esos tiempos sigan duplicados", indicó la representante Juan Diego Gómez.

Según la representante del Partido Verde, esta medida "era una restricción muy grave al derecho al acceso a la información pública, al periodismo, pues en la práctica terminaba generando una limitación de la libertad de prensa, pero además afectaba gravemente la veeduría ciudadana y el control político".

De hecho, de acuerdo con información entregada por la congresista, la Corte Constitucional señaló que el derecho de petición es el que más se viola, por encima del de la salud, debido proceso o mínimo vital. “Con corte a noviembre de 2021, recibió un total de 436.031 tutelas. Los recursos analizados por la alta corte empiezan a igualar a los de años pasados, pues a causa de la pandemia se recibieron 290.053 tutelas en 2020, mientras que el año inmediatamente anterior se estudiaron 620.242 recursos de este tipo, la cifra más alta desde 1992”.

Por ello, y tras recibir el respaldo de organizaciones como la Flip, DeJusticia, El Veinte y La Liga contra el Silencio, destacó Goebertus que "nos resta únicamente la votación en la plenaria del Senado. De ser rechazadas las objeciones allí también, el Gobierno Duque tendrá que sancionar este proyecto de ley y normalizar de manera definitiva la respuesta a los derechos de petición".